–El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, reiteró que el Gobierno tiene interés en una Ley de Víctimas que, según los estándares internacionales, debe ser justa, viable y sostenible.

“Es decir, la reparación debe ser responsable, por cuanto debe responder a la capacidad fiscal del país, como lo exigen los propios tribunales internacionales, y, a su turno, debe distinguir muy bien entre los actores alzados en armas y los agentes del Estado que incurran en violaciones a los derechos humanos”.

Así lo señaló el Ministro en una carta que dirigió a los codirectores del diario El Tiempo, Rafael y Enrique Santos, en respuesta a un editorial del periódico divulgado el lunes pasado.

Reparación por vía administrativa

Valencia Cossio recordó que el Gobierno del Presidente Alvaro Uribe, mediante Decreto 1290 de abril de 2008, se convirtió en el primero, en la historia de Colombia, en diseñar, de manera unilateral y por su propia iniciativa, un programa de reparación masiva en favor de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por los grupos armados organizados al margen de la ley, sin tener que esperar a que se produzcan las decisiones judiciales respectivas.

“Es decir, que a diferencia de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, que promovía una reparación vía judicial, el Gobierno Nacional dio un paso adelante para adelantar una reparación más rápida y universal, impulsando una reparación vía administrativa”, explicó.

Informó que en este proceso de reparación por la vía administrativa, hasta el día de hoy se han presentado más de 150 mil solicitudes de reparación, lo que, en su concepto, demuestra la importancia de este programa y la aceptación por parte de las víctimas.

Señaló que de acuerdo con las normas y la jurisprudencia nacional e internacional (Código Penal, Ley 975 de 2005, Sentencia C-370-06, Estatuto de Roma), quienes deben reparar a las víctimas por las graves violaciones de los derechos humanos son los victimarios.

Y explicó que, según la Constitución Política de Colombia (artículo 90), el Estado solo está obligado a reparar en razón de una sentencia judicial que declare su responsabilidad, con ocasión del daño antijurídico ocasionado por acción u omisión de sus agentes.

“No obstante lo anterior, el Gobierno, por tratarse de graves violaciones masivas a los derechos humanos y con el fin de avanzar hacia la reconciliación nacional, está asumiendo la reparación con fundamento en el principio constitucional de solidaridad”, indicó.

El Ministro Valencia Cossio agregó que la reparación con fundamento en el principio de solidaridad es la que le permite a un país como el nuestro diseñar un programa de reparación integral en beneficio de todas las víctimas de la violencia armada.

Dos modificaciones

El titular de la certera del Interior y de Justicia también informó que durante una reunión con el Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Víctor Abramovich, anunció que el Gobierno acepta los siguientes cambios para el último debate del proyecto de Ley de Víctimas:

1. Que no tenga tope la sentencia que dicten los jueces de la República para indemnizar a las víctimas de agentes del Estado.

2. Cambiar el concepto de Fuerza Pública por agentes del Estado.

Además, incluyó en el proyecto un artículo para que los procesos en los cuales la justicia debe establecer la responsabilidad del Estado deben ser preferentes y demorar un máximo de 18 meses.

Las víctimas de agentes del Estado

Así mismo, dijo que “las víctimas de agentes del Estado han sido las más protegidas por la legislación colombiana, porque ellas acuden ante un juez y si se prueba la responsabilidad de un agente del Estado, que por principio siempre debe actuar dentro de la ley, y si se demuestra que desbordó sus atribuciones y cometió un delito, se produce un fallo condenatorio contra la nación, cuya cuantía es fijada por el juez”.

“Las víctimas que no gozaban de protección eran aquellas que habían sufrido una vulneración de sus derechos por parte de grupos armados ilegales, lo cual se superó gracias, primero, a la Ley 975 y, más tarde, al derecho de reparación vía administrativa”, precisó.

Una ley que se pueda cumplir

El Ministro Valencia Cossio indicó que una de las principales preocupaciones del Gobierno Nacional durante el trámite del proyecto de Ley de Víctimas “ha sido el de la viabilidad fiscal de las medidas que allí se contemplen, pues una Ley de Víctimas que comprenda gastos que excedan la capacidad del Estado para asumirlas, constituiría una fuente de falsas expectativas para la población de víctimas. Es decir, podría conducir a una revictimización de las víctimas”.

Precisó que “es por esto que el Gobierno Nacional ha adelantado acercamientos con el Congreso de la República, expuesto sus preocupaciones y argumentos, resultado de los cuales se han alcanzado parcialmente acuerdos preliminares para ofrecer a las víctimas medidas de reparación ajustadas a los estándares internacionales”.

Aseguró que esta es la ley más concertada con la oposición. De 135 artículos, 122 fueron acordados con las bancadas.

Entre los consensos destacó: procedimientos garantistas para la restitución de tierras, reparación individual indemnizatoria por la vía administrativa, educación, seguridad de las víctimas, medidas para el acceso eficaz y ágil a la administración de justicia.

“Sin embargo, aún persisten diferencias de central importancia, tanto en lo conceptual, que compromete la legitimidad misma del Estado de Derecho que ha regido y rige en Colombia, como la viabilidad fiscal de esta iniciativa. Esperamos que durante el cuarto debate en la plenaria de la Cámara avancemos en estos puntos, en los cuales subsisten diferencias para bien de las víctimas, las cuales constituyen una de las mayores preocupaciones del Gobierno Nacional”, subrayó Valencia Cossio.