Los líderes del Congreso de Honduras decidieron en las ultimas horas pedir la opinión de los poderes judicial y ciudadano antes de votar la posibilidad de restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya, dilatando la convocatoria a una sesión clave para debatir el futuro del líder.

La decisión, informada por dos legisladores a los medios de comunicación, desafía un acuerdo alcanzado la semana pasada entre negociadores de Zelaya y el Gobierno de facto con la mediación de Washington, cuyo punto central es que el Congreso vote sobre la vuelta al poder del derrocado mandatario.

«Confirmado, se acordó enviar a la Corte, al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República», dijo a Reuters Antonio Rivera, subjefe de bancada del Partido Nacional. «Una vez que hayan los reportes de los tres órganos nos reuniremos», añadió.

El acuerdo logrado la semana pasada, dentro de los intentos por superar la crisis desatada por el golpe de Estado de fines de junio, contemplaba la posibilidad de que el Congreso pidiera la opinión no vinculante de la Corte Suprema, pero la directiva parlamentaria sumó a otros órganos del poder público.

La decisión de la Junta Directiva del Congreso no fue unánime. Tres de los 13 miembros votaron en contra de pedir la opinión de la Corte Suprema e intentaron fijar un plazo de 24 horas para que los órganos consultados den su informe y así pudiera ser convocada la sesión para votar sobre el futuro de defenestrado mandatario.

El diputado liberal Erick Rodríguez dijo que pidieron la opinión de forma «urgente» a la Corte Suprema, Procuraduría y Fiscalía, pero no fijaron un plazo.

«En Honduras ‘urgente’ a veces dilata. Hablás a la policía de urgencia y vienen en cuatro o cinco horas», dijo al comentar que por esa razón los dictámenes y un posterior llamado a la sesión «podría tardar una semana, un mes después de las elecciones».

Los parlamentarios están en receso por la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 29 de noviembre.

Zelaya dijo que, si para el jueves no era reinstaurado, la comunidad internacional desconocería las elecciones, que ya estaban convocadas desde antes de su derrocamiento y que han sido la punta de lanza del Gobierno de facto como la vía para cerrar la peor crisis política en América Central en décadas.

El acuerdo también dispone la conformación esta semana de un Gobierno de unidad nacional, plazo que estaría en duda con la decisión de los líderes parlamentarios.

La Corte Suprema dictaminó en el pasado que el golpe de Estado que derrocó a Zelaya fue legal, debido a que el mandatario depuesto habría violado la Constitución al querer forzar la reelección presidencial.

¿EL PUEBLO SE LEVANTA?

La decisión de la Junta Directiva tomó mal parada a la comisión de verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegó a Tegucigalpa poco antes de la votación con la esperanza de una rápida aplicación del acuerdo.

Además, enfureció a cientos de simpatizantes de «Mel», como llaman popularmente a Zelaya, que amenazaron con manifestar ante el Congreso para presionar por su restitución.

La comisión de la OEA está encabezada por el ex presidente chileno Ricardo Lagos.

«Lo que tratamos de implementar es un acuerdo que significa que el presidente Zelaya tiene que ser restituido en el poder, y al mismo tiempo estar seguros de que (…) las elecciones presidenciales sean cumplidas en un camino de democracia el 29 de noviembre», sostuvo el ex mandatario.

El pedido de Lagos de restituir a Zelaya fue criticado por Vilma Morales, miembro de comisión negociadora del Gobierno de facto que lo consideró contrario al espíritu del acuerdo firmado la semana pasada.

«Sus declaraciones podrían ser usadas para sembrar dudas en el pueblo sobre el acuerdo y la habilidad de la OEA de ser un tercero imparcial», añadió en una misiva enviada a Lagos.

En las afueras del Congreso, enfurecidos simpatizantes de Zelaya gritaban «¡Mel, aguanta, que el pueblo se levanta!», con el puño en alto.

Muchos juraron mantener la vigilia hasta que vuelva al poder su líder, refugiado desde el pasado 21 de septiembre en la embajada de Brasil en la capital hondureña tras haber ingresado de manera clandestina al país.

El Congreso era custodiado por policías antimotines, provistos de escudos, palos y bombas lacrimógenas.

(Reuters)