El Gobierno colombiano cuestionó hoy el informe de una ONG que asegura que la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe está en crisis por la reactivación de las guerrillas y el surgimiento de grupos de «neoparamilitares».

El ministro colombiano de Defensa, Gabriel Silva, señaló hoy a periodistas que ese estudio es respetable porque plantea controversias, pero que si se ven objetivamente las cifras y hechos no se puede llegar a las conclusiones que alcanza la Corporación Nuevo Arco Iris, «es una exageración».

Silva indicó que no se puede decir que la seguridad democrática en Colombia está «colapsando» y como prueba señaló que el país está ahora en una situación diferente a la de hace siete años, cuando asumió Uribe.

«Sin duda (el informe) tiene una connotación política profunda, tiene unos elementos y unos rasgos académicos e informaciones que no compartimos, muchos datos los consideramos equivocados», añadió.

El funcionario agregó que aún persisten problemas serios en seguridad y no se ha llegado al resultado final deseado, «pero decir que colapsó o se dejó de avanzar es equivocado».

«El debate sobre la seguridad democrática es bienvenido, pero la realidad y la percepción que tiene el país es de que la seguridad democrática ha sido un éxito y sigue siéndolo. Tenemos todavía tareas por cumplir y desafíos grandes sin ninguna duda, pero los resultados hablan por sí solos», subrayó Silva.

Silva indicó que ese informe puede ser usado por analistas y en especial por la oposición para criticar la seguridad, a la que calificó como «lo más exitoso» del actual Gobierno, en el debate electoral que se avecina.

«No me sorprende que ese sea el blanco, el objetivo y el tema central de lo que se viene en el debate político y público», manifestó.

Asimismo, indicó que el paramilitarismo en Colombia desapareció gracias a la política del actual Gobierno y solo existen algunos «rescoldos» de delincuentes que intentan recuperar un espacio en el negocio del narcotráfico.

El estudio de la Corporación Nuevo Arco Iris revela algunas acciones realizadas este año por organizaciones alzadas en armas, como las FARC, el ELN y nuevos grupos paramilitares.

«La Política de Seguridad Democrática llegó a su techo y empezó su declive y se ha agotado, tuvo éxitos hasta el 2008, empieza su decadencia y el Estado tiene que pensar en un cambio de estrategia», señaló ayer León Valencia, integrante de esa organización no gubernamental (ONG), que trabaja por una salida negociada al conflicto armado interno.

Valencia agregó que las FARC no sufren fuertes reveses desde mediados del año pasado, cuando a través de la Operación Jaque el Ejército colombiano rescató a 15 secuestrados en poder de la insurgencia, entre ellos la ex candidata presidencial de nacionalidad colombofrancesa Íngrid Betancourt, tres contratistas norteamericanos y 11 policías y militares.

Detalló que las FARC han logrado este año aumentar sus acciones contra los civiles y contra las Fuerzas Armadas, y destaca que incluso han incursionado en centros urbanos de importancia, como ha sucedido en el departamento del Cauca.

Agregó que en cuanto a los nuevos paramilitares, que cifra en unos 12.000 hombres en armas, estas agrupaciones han retomado sus acciones en ciudades como Medellín y Bogotá, generando una espiral de violencia que deja numerosas víctimas, especialmente entre la población civil.