La situación política, disciplinaria y judicial se le complicó al Personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de formularle pliego de cargos por presunto conflicto de intereses con la pirámide DMG.

Según el ministerio publico, el personero pudo incurrir en esta falta disciplinaria al no declararse impedido para comisionar a varios de sus funcionarios que se hicieron presentes en los operativos realizados contra la intervenida firma DMG, sociedad con la cual Rojas Birry tendría vínculos personales.

El probable conflicto de intereses estaría directamente relacionado con el hecho de haber recibido dineros de esta firma en enero del año 2008, fecha en la que el señor Rojas Birry no era servidor público.

Sobre este aspecto, William Suárez Suárez declaró que, en enero del año 2008, fue a la casa del señor Rojas Birry y le entregó 200 millones de pesos, atendiendo una orden de la presidencia de DMG.

Esta declaración permite advertir que el personero de Bogotá tendría vínculos con esta firma, y, pese a ello, no se declaró impedido para actuar en el asunto “como era su obligación de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la ley 734 del 2002 (…)”.

Frente al recibo de los 200 millones, en el mes de enero de 2008, al que hace alusión la citada declaración, la Procuraduría encontró que si bien el señor Rojas Birry posiblemente recibió esta cantidad proveniente de DMG, esto al parecer ocurrió cuando no ostentaba la calidad de funcionario público, pues su posesión como personero se llevó a cabo en marzo del 2008. Por consiguiente, no es destinatario de la ley disciplinaria y se hace necesario ordenar el archivo de la investigación por este aspecto.

Así mismo, la Procuraduría tras revisar las pruebas allegadas al proceso, ordenó el archivo de la investigación respecto a las conductas relacionadas con presuntas falsedades consignadas en el formato único de hoja de vida; el ocultar información en la declaración juramentada de bienes y rentas y en la actividad económica privada; ocultar información en la declaración juramentada respecto a un proceso de alimentos; posibles irregularidades en el cumplimento de los requisitos para acceder al cargo e inasistencia a la sesión plenaria ordinaria realizada en el Consejo de Bogotá el 19 de marzo del 2009.