Las FFAA colaborarán para ubicar el paradero de unos 170 muertos y desaparecidos en casi 20 años de dictaduras militares en Bolivia, tras reiterados pedidos de organizaciones de derechos humanos para que se desclasifique la información durante esos regímenes.

El ministro de Defensa boliviano, Rubén Saavedra, dijo a la prensa este miércoles que «existe una (reciente) resolución de un juez referente a que se posibilite el acceso (a la información sobre desaparecidos)».

«Tanto el ministerio de Defensa como las Fuerzas Armadas somos respetuosos de la Constitución y de las leyes y se procederá de esa manera (acceso a la información)», agregó.

Previamente el comandante en Jefe de las FFAA, general Ramiro de la Fuente, había señalado a medios locales que «efectivamente vamos a colaborar. Las Fuerzas Armadas van a actuar de acuerdo con lo que señala la Constitución Política del Estado», en referencia al respeto a los derechos humanos.

El jefe castrense respondía una consulta sobre los reiterados pedidos hechos en los últimos días por familiares de las víctimas para que los militares desclasifiquen la información.

Pese a la buena disposición de los dos funcionarios, los militares han dicho en reiteradas oportunidades que no existen documentos desclasificados, aunque los activistas de derechos humanos dudan de esta versión.

Según datos de organismos de derechos humanos, en Bolivia fueron desaparecidos unos 170 izquierdistas durante las décadas del 60, 70 y parte del 80.

Entre ellos se encuentra el emblemático líder socialista, escritor y periodista Marcelo Quiroga Santa Cruz, muerto en el golpe militar del 17 de julio de 1980 asestado por el general Luis García Meza, actualmente en prisión.

En las décadas de los 70 y 80 la lucha contra grupos opositores se realizó en el marco de la Operación Cóndor, un plan diseñado por varias dictaduras sudamericanas que les permitía coordinar sus acciones e, incluso, el intercambio de prisioneros.

El fiscal que investiga el caso, Milton Mendoza, recordó en los últimos días que está pendiente que un juez apruebe una notificación para que las Fuerzas Armadas revelen la información clasificada que aún podrían tener en sus oficinas de inteligencia sobre la suerte de los desaparecidos.

Si bien Mendoza reconoce que durante los últimos 20 años valiosa información pudo haber sido destruida, no oculta su esperanza de que algún tipo de documento aún podría estar en el Departamento II, la oficina de inteligencia que diseñaba la represión militar.

«Esperamos encontrar información y que ese detalle sirva para encontrar los restos de (Juan Carlos) Bedregal, Quiroga Santa Cruz y (Renato) Ticona, por lo menos esas tres víctimas», señaló el fiscal Mendoza.

Bedregal, un dirigente minero, cayó muerto junto a Quiroga Santa Cruz, mientras que Ticona, dirigente estudiantil, fue detenido en julio de 1980 y luego desaparecido.

Los restos de Bedregal y Quiroga Santa Cruz nunca fueron entregados a sus familias.

Los esfuerzos del Gobierno boliviano por hallar a las víctimas de las dictaduras dieron sus primeros frutos en julio del año pasado, cuando una comisión de antropólogos y forenses boliviano-argentina halló, al norte de la ciudad de La Paz, varios restos humanos de una columna guerrillera de la década del 70.

La comisión, tras una labor de investigación de laboratorio, estableció que cuatro de los cadáveres corresponden a los guerrilleros del extinto grupo guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN): Eloy Mollo, Rafael Antezana, Delfín Mérida y Francisco Imaca.

Los restos fueron entregados el lunes a sus familiares, mientras el Gobierno prometió seguir con las pesquisas para encontrar otros 20 cuerpos más que estarían por la zona en fosas comunes.