El alto mando militar de Bolivia rechazó el miércoles una orden judicial de apertura de archivos de dictaduras, tramitada por familiares de decenas de políticos de izquierda desaparecidos en el último medio siglo, informó un fiscal.

La negativa de las fuerzas armadas contradijo una varias veces manifestada voluntad del presidente indígena Evo Morales de facilitar la ubicación de restos de líderes como el socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, supuestamente asesinado durante el golpe de Estado de 1980.

El fiscal Milton Mendoza, quien llegó hasta el Gran Cuartel o sede central militar en La Paz para cumplir una orden de «desclasificación» de documentos, dijo que sólo tuvo acceso hasta una oficina en la que le comunicaron que esa disposición sería apelada.

«Para nosotros es un despropósito porque la orden judicial era que la entrega de esa documentación se haga a la fiscalía», argumentó Mendoza a reporteros, revelando que los jefes militares le dijeron que sólo considerarían la posibilidad de enviar algunos documentos a un juez.

La apertura de archivos militares fue ordenada la semana pasada por el juez Roger Velarde, a solicitud del fiscal Mendoza y en vista de que una nueva Constitución vigente desde el 2009 ordena la transparencia de la información pública.

La orden judicial había sido considerada como «un gran paso» por familiares de víctimas de dictaduras y otros activistas que no ocultaron su decepción tras la frustrada visita del fiscal a la sede militar.

Decenas de izquierdistas -casi 100 según organizaciones de derechos humanos- están desaparecidos desde las dictaduras militares que rigieron la inestable Bolivia entre 1964 y 1982 y que, en varios casos, coordinaron represión con gobiernos de facto de Argentina, Chile y Paraguay.

Quiroga Santa Cruz desapareció tras ser detenido por paramilitares durante el golpe del 17 de julio de 1980, que encumbró en el Gobierno al entonces general Luis García Meza, quien cumple una condena de 30 años de prisión.

Aunque aparentemente muy próximos al presidente Morales, los jefes militares de los cuatro últimos años no han roto el silencio tradicional de las fuerzas armadas sobre el paradero de los desaparecidos.

El presidente izquierdista Morales apeló varias veces a la «vocación democrática» de los militares, pero no logró desmentir en los hechos la versión castrense oficial de que no hay archivos secretos sobre las dictaduras ni sobre el combate a la guerrilla comunista de Ernesto «Che» Guevara de 1967.

Incluso el miércoles, poco antes de la fracasada gestión del fiscal, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, aseguró que las fuerzas armadas iban a cumplir la orden judicial porque ahora son una institución democrática».

La defensora del Pueblo, Rielma Mencías, dijo que estaba «muy molesta» por la actitud militar pero evitó anunciar eventuales futuros pasos en el proceso.