El procurador general de Ecuador, Diego García, dijo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el organismo tiene la competencia para admitir su denuncia.

Por su parte, el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos (Foto), argumentó lo contrario y tras presentar la versión de Bogotá durante los 20 minutos que le correspondían, se retiró de la audiencia en el descanso establecido.

Esta es la segunda denuncia de un Estado contra otro que estudia la Comisión en sus 50 años de historia. La primera fue la de Nicaragua contra Costa Rica en 2006, que fue declarada inadmisible en 2007. La CIDH suele dar preferencia a este tipo de casos y una admisión sería histórica.

García mostró hoy un vídeo del bombardeo colombiano contra un campamento de las FARC en Ecuador el 1 de marzo de 2008, en el que murieron al menos 26 personas, entre ellas el portavoz internacional y “número dos” de la guerrilla, alias “Raúl Reyes”, el ecuatoriano Franklin Aisalla, y cuatro estudiantes mexicanos.

E indicó que la CIDH tiene la posibilidad de reafirmar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, su legitimidad, eficacia y credibilidad.

“Todos los hombres y mujeres que creemos en él, esperamos esta decisión (de admisibilidad), que puede ser histórica y dar vitalidad a la justicia internacional”, señaló.

El procurador general solicitó al Estado colombiano que tome las medidas para investigar de manera imparcial y exhaustiva los hechos, con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de la “ejecución extrajudicial” de la víctima.

Pidió además que Colombia proceda a reparar adecuada e integralmente a los familiares de Aisalla, por los perjuicios sufridos como consecuencia de la violación de sus derechos, y que presente garantías efectivas de no repetición de los hechos.

García reiteró que Quito no pretende que se juzguen cuestiones de soberanía o de orden interno de los Estados.

Ecuador presentó en junio de 2009 una denuncia contra Colombia por la muerte de Aisalla, porque alega que Bogotá violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.

Quito afirma que el ecuatoriano murió en “una ejecución sumaria en territorio ecuatoriano por parte de un Estado extranjero”, dado que los peritajes han determinado que falleció por golpes repetidos en la parte posterior de la cabeza.

Colombia reiteró hoy que Aisalla murió a consecuencia del bombardeo contra el campamento del terrorista de las FARC Raúl Reyes, que se encontraba allí en el momento de los hechos.

Destacó que el informe pericial de necropsia estableció que el ecuatoriano murió por “lesiones por elementos explosivos y penetrantes que comprometieron el cráneo, las estructuras encefálicas y vísceras torácico-abdominales”.

“Estos hallazgos no dan cabida a otra interpretación”, enfatizó.

El embajador de Colombia aseguró que Bogotá “no tiene ningún problema con el hermano Ecuador sino con un grupo de asesinos, narcotraficantes, terroristas y secuestradores llamados las FARC”.

Recordó que el campamento era utilizado para labores de coordinación y mando de fuerzas terroristas y desde allí se planeaban y ordenaban acciones contra la población civil colombiana.

“Por lo tanto, era un objetivo militar legítimo y la operación se enmarca en las reglas del Derecho Internacional Humanitario”, dijo.

Para Bogotá, la Comisión no tiene competencia para declarar infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y Hoyos explicó que existen escenarios adecuados y competentes para juzgar el caso.

Dijo que se retiraba de la audiencia en el descanso y que su Gobierno responderá por escrito a las peticiones y comentarios que haya por parte de la CIDH y de Ecuador.

El procurador general de Ecuador respondió a esta acción manifestando su sorpresa y también su desaprobación.