El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), órgano independiente de Naciones Unidas, alentó hoy al Gobierno de Colombia a que gestione la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT).

La ratificación de dicho protocolo establece una nueva línea de trabajo en cooperación y en confidencialidad con los Estados que les hace bien a los países, dijo a Efe en Bogotá el español Emilio Ginés, uno de los 25 expertos del mundo con asiento en el SPT.

«En Latinoamérica, prácticamente todos los Estados hermanos ya lo han ratificado, y Colombia no va a ser una excepción», consideró el abogado Ginés al término de una reunión con el vicepresidente de este país, Angelino Garzón.

Ginés fue recibido por Garzón junto a varios representantes de la Coalición Colombiana contra la Tortura (CCCT), organización no gubernamental (ONG) que entregó al alto cargo del Ejecutivo más de 3.000 firmas reunidas dentro de una campaña en favor de la adopción por el país del Protocolo Facultativo de la OPCAT.

Colombia es Estado parte de la OPCAT, que ratificó en diciembre de 1987, pero no lo ha hecho con el Protocolo Facultativo de esta convención, que fue adoptado por la ONU en diciembre de 2002 y que, hasta ahora, ha sido confirmado por 57 Estados.

El experto español dijo a Efe que el vicepresidente Garzón ha comprendido la importancia de ese instrumento y de su ratificación por Colombia, país en el que, según un informe facilitado por el CCCT, se tienen documentadas 7.113 investigaciones por tortura.

De ese número, 6.956 son causas penales informadas por la Fiscalía General, de las que «el 93 por ciento (6.470) están en investigación preliminar y sólo el 0,4 por ciento (28) en etapa de juicio».

Las otras 117 investigaciones son de naturaleza disciplinaria, es decir, sobre agentes estatales, y cuya mayoría de casos, advierte la misma ONG, está «en estudio y evaluación preliminar».

En cuanto a la tortura, «efectivamente Colombia no es una excepción», admitió el jurista, y apuntó que se trata de un fenómeno que es «muy difícil de acabar» y que, en el ámbito europeo, se da en nueve de cada diez países.

En este ámbito, Ginés subrayó que la ratificación del Protocolo Facultativo de la OPCAT establece obligaciones como la de creación de un mecanismo nacional independiente para la prevención de la tortura (MNP).

Es un instrumento conformado por la sociedad civil, con presencia de expertos en muchas áreas, como médicos, psicólogos, juristas y forenses.

Estas personas «tienen la tarea fundamental de continuar la labor que nosotros desde Naciones Unidas no podemos ejercer directamente y establecer este mecanismo de diálogo con el Gobierno, visitando las instalaciones con personas privadas de la libertad», explicó Ginés.

«Una vez se realice una evaluación, se establece y se realiza un plan conjunto con el Gobierno para mejorar la situación de los presos», continuó el experto, para quien el MNP es un mecanismo que «tiene la virtud de trabajar en conjunto y de intentar superar los fallos».

El MNP «es un nuevo órgano que nos trae a todos mucha tranquilidad, mucha paz y mucha confianza en el funcionamiento de las instituciones», defendió el jurista español del SPT.

EFE