A sanción presidencial pasó la Ley de Formalización y Primer Empleo, en la que se plantea que desde julio del 2013, ninguna institución o empresa podrá vincular empleados a través de Cooperativas de Trabajo Asociado y que consagra más incentivos para promover numerosos puestos de trabajo en el país.

La conciliación de la iniciativa en la plenaria del Senado obtuvo 52 votos afirmativos y sólo 2 en contra. El polémico tema de las cooperativas quedó expresado en el artículo 59 de la Ley y señala: “El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral, o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes”.

“Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenunciables previstos en el artículo tercero de la Ley 1233 de 2008, las Pre-Cooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando en casos excepcionales previstos por la Ley tengan trabajadores, retribuirán a éstos y a los trabajadores asociados por las labores realizadas, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo”, agrega la norma.

Finalmente establece que el “Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones Territoriales, impondrán multas hasta de cinco mil (5.000) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, a las instituciones públicas y/o empresas privadas que no cumplan con las disposiciones descritas” y que “serán objeto de disolución y liquidación las Pre-Cooperativas y Cooperativas que incurran en falta al incumplir lo establecido en la presente Ley. El Servidor Público que contrate con Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral para el desarrollo de actividades misionales permanentes incurrirá en falta grave”.

Los beneficiados

Los incentivos que propone la iniciativa favorecerá grandes franjas de población como los jóvenes menores de 28 años, las mujeres cabeza de familia mayores de 40 años, los discapacitados, los resinsertados, los pescadores y mineros artesanales, los vendedores ambulantes y los recicladores, entre otros.

Los objetivos generales del proyecto se relacionan con la creación de 2.5 millones de empleos durante el actual Gobierno; formalizar 500 mil más existentes; reducir la desocupación al 8 por ciento en el mediano plazo y disminuir el alto índice de desempleo entre la población juvenil.

De acuerdo con los ponentes del proyecto, Juan Mario Laserna (conservador) y Camilo Sánchez (liberal), dichas metas se lograrán reduciendo los costos laborales con exención de impuestos, deducción de parafiscales, formalizando ocupación y eliminando trámites en la creación de empresas.