El Gobierno Nacional señaló que los ajustes realizados a la figura de extinción de dominio contemplados en la Ley de Seguridad Ciudadana no frenan la aplicación de la norma y explicó que los cambios se realizaron con participación de la Fiscalía General de la Nación.

A través de los titulares de cartera del interior, Germán Vargas Lleras y de Justicia, Juan Carlos Esguerra, el Ejecutivo indicó que por solicitud de los mismos fiscales se eliminó cómo causal de extinción un artículo que declaraba la injustificación legal de los bienes.

El viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, dijo que «Esa causal no desapareció sino que se incluyó como un parágrafo, a petición de la Fiscalía»

Por su parte, Vargas Lleras aseguró que «las nuevas normas en extinción de dominio no frenan los procesos, sino que los aceleran» y agregó que «Al revisar las cifras de la sentencias proferidas y los pleitos conducidos por la Fiscalía en los tres años anteriores, claramente se puede demostrar que en buena parte del país la extinción se había reducido a bienes intrascendentes»

La Ley de Seguridad Ciudadana eliminó los causales juridicos pactados en las Convenciones de Viena y de Palermo, que señalan que la extinción se aplica en casos en que no se puede justificar el origen licito de los bienes investigados.

Por su parte, la Fiscal general, Viviane Morales ordenó la creación de un contraproyecto para salvar los obstáculos generados por la nueva ley.

La Jefe del Ente Acusador advirtió que los procesos que se adelantan actualmente puedan caerse, lo que implicaría devolver millonarias sumas de dinero a personas que no justificaron las ganancias.

“Los trámites que se iniciaron por esa causal se verían abocados a la cancelación de medidas cautelares (la incautación) y a su consecuente devolución”, indicó la Fiscalía en un documento interno.

Además, la Ley de Seguridad Ciudadana estableció procedimientos que harían más demorados los procesos de extinción, ya que sólo tres jueces en el país pueden autorizar los procedimientos policiales, procesos que anteriormente eran ordenados por cualquier juez de control de garantías.

Ahora, todas las solicitudes de la Fiscalía tienen que remitirse a Bogotá, proceso que podría tardar hasta tres años.