Por considerar que la petrolera no consultó previamente la explotación de crudo con los grupos indígenas que habitan en la región, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno y a la petrolera Meta Petroleum Limited, reestructurar el proyecto Oleoducto Campo Rubiales.

Según el trascendental fallo, el Pueblo Indígena Achagua y Piapoco del Resguardo Turpial, se vio seriamente afectado debido a que por la explotación muchos territorios considerados “sagrados”, para la etnia, se vieron afectados.

Entre las principales afectaciones señaladas en el fallo están la construcción de carreteras que invadieron terrenos y afectaron la reserva forestal, así como la construcción de un oleoducto que cruza el río Meta por un sitio antiguo y sagrado denominado “Charcón de Humapo” en donde se realizan ceremonias de tradiciones orales y espirituales.

Además, tuvo en cuenta la denuncia realizada por los indígenas que quienes se quejaron de que la contaminación de las aguas les está generando extrañas enfermedades.

Otra de las quejas interpuestas ante la Corte fue la descomposición social que ha sufrido al etnia ya que, según dijeron, muchas de las adolescentes y jóvenes del resguardo han resultado embarazadas por el contacto con los trabajadores de la petrolera.

Según la sentencia, para el proceso no se tuvo en cuenta la petición de consulta previa hecha por los indígenas al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo la cual no fue atendida porque el Ministerio del Interior ya había reportado la no existencia de comunidades indígenas en la zona de explotación.

Por estos motivos la Corte le dio al Gobierno y la petrolera deberán tres meses para que se tomen las medidas pertinentes con el fin de disminuir el impacto negativo en la zona.