El problema de la corrupción en la contratación de obras no se puede reducir exclusivamente a un problema de gerencia pública, ya que es mucho más amplio y abarca aspectos de carácter administrativo y social. Así se refirió el procurador Alejandro Ordoñez Maldonado en un documento presentado ante la Cámara Colombiana de la Infraestructura que organiza su congreso anual en Cartagena.

«Este no es un simple problema legal, es mucho más amplio, no hay políticas públicas de gestión contractual del Estado para combatir la corrupción», señaló.

Dijo además que los actos de corrupción deben ser castigados de manera contundente y ejemplarizante, respetando el debido proceso ya que los actos de corrupción deslegitiman al Estado.

Manifestó, además que tanto el sector privado como el público son iguales de corruptos y que hay una cultura de ilegalidad que campea en Colombia.

Basado en lo anterior y revisados los diagnósticos efectuados por las dependencias de la PGN que interactúan a diario con los operadores de la gestión contractual del Estado, el señor procurador explicó claramente su hipótesis de que no existe una política pública de gestión contractual del Estado que permita analizar el fondo de la problemática en cuatro puntos.

1. Políticas públicas frente al agendamiento, haciendo referencia a que el tema de la corrupción llega a la agenda del mandatario de turno.

2. Formulación, que no es otra cosa que el diseño de la estrategia para afrontar y superar el problema descubierto.

3. Implementación, que significa ejecutar la estrategia diseñada para resolver la problemática.

4. Política pública en lo atinente a la evaluación y valoración de la estrategia implementada.

Por último, el jefe del Ministerio Público dijo a los comunicadores que “el gran reto de la sociedad colombiana es generar una cultura de la legalidad frente a una cultura de la ilegalidad que hoy nos amenaza y pone en entredicho la institucionalidad y la deslegitima”.