La Fiscalía imputó cargos a los primeros funcionarios de los Montes de María, en el sur del departamento de Bolívar, implicados en la compra irregular de más de 4 mil 300 hectáreas de tierra en esa sección del país.

La decisión cobijó al notario de San Jacinto, Alberto Vásquez Vásquez; al notario de San Juan Nepomuceno, Oswaldo Paredes Mercado y a la ex directora de la oficina instrumentos públicos de El Carmen, Ana Güete Herrera.

No asistieron a la diligencia otros implicados, argumentando problemas de salud.

Ellos son el notario segundo de Montería Lázaro de León; el notario de Sopetrán, Antioquia, Gustavo de Jesus Tobón y el exalcalde encargado de Carmen de Bolívar, Geovaldis González Jiménez.

Dentro del mismo procesos se programaron audiencias de imputación de cargos para el 31 de enero y los días 1, 2 y 3 de febrero, contra los siguientes funcionarios y exfuncinarios:

Eduardo Enrique Lora, alcalde de Zambrano; Helmer Ochoa, ex secretario del Interior de Zambrano; Guillermo Enrique García Aragón, ex asesor del alcalde de Zambrano y Eucaris María Luna Serrano, ex alcalde encargada de San Juan Nepomuceno.

También Walter Enrique Ahumada Ballestas, ex alcalde encargado de San Juan Nepomuceno; José Fernando Barrios Guzmán, ex alcalde de San Juan Nepomuceno y Roberto Guardela Osorio, alcalde de San Juan Nepomuceno.

Asimismo, Raúl Jácome Espinosa, ex alcalde encargado de El Carmen de Bolívar; Richard Antonio Gianni Sierra, ex secretario del Interior de El Carmen de Bolívar y Joaquín Güette Herrera, alcalde de San Jacinto.

El caso tiene que ver con la compra masiva de tierras por acaudalados personajes, en su mayoría del interior del país, a través de organizaciones como Tierras de Promisión, Génesis, Simón, El Carey, Agropecuaria Tacaldia, Consorcio Agroindustrial del Norte, Cementos Argos, Fiduciaria Fiducor y Agropecuaria Montes de María, entre otras.

Todos los implicados deberán responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de función pública, ocultamiento de material probatorio y fraude procesal.