El Consejo de Estado dio un pazo de cuatro meses al Gobierno Nacional para que por medio del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y los entes territoriales de Cartagena, implementen un pan encaminado a recuperar las zonas invadoidas por particulares en las Islas del Rosario y San Bernardo.

El alto Tribunal ordenó que el Estado recupere afectadas por actividades turísticas que benefician a particulares y que están generando un grave daño al medio ambiente.

“Se deben recuperar las áreas continental y marítima que han sufrido un gran daño ambiental debido al impacto producido por las construcciones y las actividades ilegales que se realizaron”, señala la sentencia.

Además señaló que hay evidencias de que las autorizaciones ambientales otorgadas para explotar el suelo fueron otorgadas irregularmente en 1968.

Según la sentencia, la responsabilidad es de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CarDique) y la Dirección Marítima General (Dimar) a través de la Capitanía del Puerto de Cartagena que tampoco impidieron la degradación de los ecosistemas de la zona del Archipiélago».

De la misma manera, se afirma, le cabe responsabilidad a la Alcaldía de Cartagena porque «no ejecutó las acciones tendientes a la restitución de los bienes de la Nación.