La Contraloría de Bogotá abrió un juicio fiscal a la Secretaría Distrital de Gobierno, el Instituto para la Economía Social (Ipes) y a la fundación Proactiva, por el convenio de asociación que tenía como objeto brindar ayudas económicas a los desplazados del parque Tercer Milenio para la ejecución de proyectos productivos.

De acuerdo al organismo de control, hay méritos suficientes para abrir juicio de responsabilidad fiscal por 1.500 millones de pesos a estos organismos.

La determinación fue tomada teniendo en cuenta que a mayo de 2011, época en la que se cumplió el plazo de ejecución, sólo había entregado ayudas a 196 familias desplazadas, de las 907 que se pretendían atender inicialmente.

No obstante, se giró el 90% de los recursos por parte del Distrito.

Además, la Contraloría encontró que Proactiva entregó a varios desplazados cheques sin fondos, de las mismas cuentas de funcionarios de Proactiva para financiar proyectos productivos.

También se estableció que Proactiva entregó a otros beneficiados recursos inferiores a los pactados, mientras que con otros suscribió actas de entrega de subsidios en las que les giró recursos superiores al valor autorizado en el convenio que era de ($1.500.000).

El presunto detrimento al patrimonio distrital por 1.500 millones de pesos se encuentra discriminado de la siguiente manera.