Apartes del libro Obama y la nueva izquierda latinoamericana de Clara Nieto Ponce de León, publicado por B.
Por Jorge Consuegra

Uribe, a contrapelo del continente
Álvaro Uribe, presidente de Colombia (2002-2010), es la antítesis ideológica de la llamada nueva izquierda latinoamericana progresista, nacionalista, cuyo objetivo es liberarse del dominio de Estados Unidos, sus organismos de integración regional lo excluyen. En esa misma orilla están Alan García, de Perú, y el recién llegado Sebastián Piñera, en Chile, remplaza a Michelle Bachelet, del Partido Socialista, de izquierda moderada, quien concluye triunfante su mandato con el 80% de apoyo nacional, no obstante el candidato de su partido pierde.

Uribe rompe la unidad regional, enrarece el ambiente de convivencia, malogra los planes de colaboración y los intereses de actuar como un bloque, con intereses e ideales afines, y actuar unidos frente al mundo. El golpe más duro a esa integración es el acuerdo militar, negociado en secreto, sobre el uso de sus siete bases principales, por diez años renovables, a las fuerzas de Estados Unidos. Uribe es de derecha, belicista, camorrista (se autodefine como “frentero”) y en extremo sumiso a Washington. La entrega de esas bases es el summum de su dependencia y el sometimiento.

Colombia es un país problema para Estados Unidos, pues es epicentro del narcotráfico y el mayor productor de cocaína del mundo que entra por toneladas a sus mercados, pero es un fiel aliado, de importancia estratégica, es su bastión en el hemisferio. Tal condición lo convierte en una amenaza para el resto del continente.

¿Quién es Uribe?
Uribe lleva a cuestas muchas malas famas: de tener nexos con narcotraficantes y cercanía con el máximo capo, Pablo Escobar y relaciones, non sanctas, con jefes paramilitares y ser promotor del paramilitarismo. Es de extrema derecha, pero milita en el Partido Liberal el cual lo ha distinguido con buenos cargos: jefe de la Aeronáutica Civil (1980-1982), alcalde de Medellín (1982-1984), senador de la República (1986-1994), gobernador de Antioquia (1995-1997), y candidato del Partido Liberal a la Presidencia. Su intensa vida pública, su largo y controvertido mandato (2002-2010), están ensombrecidos por múltiples escándalos de los cuales sale ileso.

Como jefe de la Aeronáutica Civil, lo acusan de haber autorizado licencias de aterrizaje a aeronaves de capos del narcotráfico; en 1991, en un documento desclasificado del Pentágono, fechado en septiembre 23, aparece su nombre en la lista de los más importantes narcoterroristas colaboradores del cartel de Medellín (Hristov, 2009:142); como Gobernador de Antioquia lo llaman “Pacificador de Urabá” por los ataques contra la guerrilla de las FARC-EP. En tal región hay una guerra territorial entre las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (AUCC), poderosas y sanguinaria asociación paramilitar, lideradas por Carlos, Fidel y Vicente Castaño, consagrados asesinos, y la guerrilla de las FARC-EP. Las exitosas operaciones contra la guerrilla son a cargo de la Brigada XVII del Ejército, comandada por el general Rito Alejo del Río, quien las coordina en colaboración con las AUC. Cuando aflora tal maridaje criminal, Estados Unidos le retira la visa al general. Tal sanción desata el enojo de la ultraderecha colombiana y de la oligarquía antioqueña y le ofrecen un nutrido homenaje de desagravio en el Hotel Tequendama de Bogotá, lugar selecto para los homenajes a personalidades nacionales. Uribe es el orador principal, oferente del banquete.

Uribe y el paramilitarismo
En 1994 el campo colombiano está asolado por la violencia guerrillera y paramilitar y los gobiernos liberales buscan la paz y la seguridad y crean, a nivel nacional, grupos de autodefensas campesinas con el objetivo de servir de informantes a las fuerzas militares sobre la guerrilla y prevenir sus ataques. A tales grupos los bautizan las Convivir. Sectores defensores de los derechos humanos se alarman con el plan de militarizar a los campesinos, hay demasiada violencia en el país, y es extender el conflicto a la población civil. Amnistía Internacional considera a las Convivir una amenaza al derecho internacional humanitario; al armar ciudadanos es involucrarlos en el conflicto y pasarlos de víctimas a victimarios.

Con las Convivir la violencia no disminuye como se esperaba, pues organizaciones civiles y de derechos humanos reciben constantes quejas sobre sus atropellos y abusos contra la población civil (Alternativa, 1996, diciembre; Alternativa, 1997, 15 de marzo-15 de abril).

Uribe, gobernador de Antioquia (1995-1997), departamento inmerso en la violencia y el narcotráfico, es el mecenas de las Convivir. Crea cerca de 70, y en el país hay más de 500. Instala 17 en Medellín donde campeaba Pablo Escobar, el máximo capo de la droga. Las Convivir, provocan enorme malestar en la población y Uribe, para calmar los ánimos, asegura que sólo utilizan armas cortas para defenderse, pero la revista Alternativa lo acusa de promover el “paramilitarismo oficial” con esos grupos campesinos, pues actúan como rueda suelta. La revista denuncia de la compra en Antioquia de un arsenal de otro tipo de armas: 422 sub-ametralladoras, 373 pistolas, 217 escopetas de repetición, 17 ametralladoras israelíes Mini-Uzi, 70 fusiles, 109 revólveres 38 largo y 41 armas de uso restringido, pueden ser fusiles Galil, lanzacohetes, granadas de fragmentación, rockets y morteros. Tal denuncia desata un escándalo (Alternativa, 1997, 15 de marzo-15 de abril), Uribe se enfurece y, por medio de su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa, demanda por calumnia a la directora de Alternativa, , María Teresa Herrán. Cuando la Fiscalía los llama a conciliar, ella se niega pues la revista –dice- tiene derecho a informar sobre lo que acontece. La Fiscalía precluye la demanda por falta de mérito, tal decisión los medios de comunicación la destacan como un importante respaldo al derecho del periodista, y a la libre información.

La motivación de Uribe de “derrotar” a las FARC ha sido la máxima prioridad cuando ocupa la gobernación de Antioquia (1995-1997), y cuando llega a la presidencia de la República (2002-2010). Para muchos tal obsesión es sed de venganza personal contra las FARC, pues en 1986, en un intento de secuestro, matan a su padre, Jorge Alberto Uribe Sierra, terrateniente y ganadero, cuyas actividades no son transparentes. Un documento de inteligencia militar de Estados Unidos, de 1991, publicado por el Nacional Security Archive en Washington (Evans, 2004, 2 de agosto), lo señala como narcotraficante del cartel de Medellín, y amigo del máximo capo, Pablo Escobar. Informa que el señor Uribe Sierra es detenido y llega ad portas de la extradición, pero lo salva Jesús Aristizábal Guevara, secretario de Gobierno de Medellín, quien logra su liberación. (Hristov, 2009: 142).

Uribe sindica a las FARC de todos los males del país y la vasta mayoría de sus partidarios están de acuerdo. Esa mayoría se siente cómoda en ese ambiente de guerra permanente contra la guerrilla del gobierno. El fervor contra las FARC, impulsado por la agitada y encendida retórica del presidente, va in crescendo. Las manifestaciones que promueven el gobierno y sus agentes diplomáticos en Francia y Estados Unidos, contra las FARC, en febrero y marzo del 2008, son multitudinarias, la consigna es la liberación de los centenares de secuestrados, en su poder durante varios años. Más que contra la guerrilla son masivos plebiscitos de apoyo a Uribe, obsesionado con destruirlas. En tales protestas no hay condenas contra los paramilitares, señalados por organismos defensores de derechos humanos nacionales y extranjeros, incluidos los informes del Departamento de Estado, como responsables del 90% de la violencia en Colombia, del mayor número de muertos, autores de atrocidades inimaginables y de innumerables masacres. Para contrarrestar esa propaganda a favor de Uribe, tiene lugar en Bogotá una manifestación contra los paras. Es multitudinaria, pero no en la dimensión de las organizadas con auspicio del Gobierno contra las FARC. Esta vez no colabora.

Negociar la paz con las FARC no es una opción para Uribe, la mecánica es militar, las Convivir, sindicadas de ser mecanismos del paramilitarismo oficial. Sobre las relaciones de esos grupos con Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar creada en 1997 por los hermanos Carlos y Fidel Castaño para combatir a la guerrilla, son estrechas, así lo afirman sus comandantes. La financian potentados terratenientes y ganaderos de extrema derecha y el narcotráfico. AUC es el compendio del paramilitarismo colombiano, pues a AUC se unen las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), lideradas por Fidel Castaño, y ocho grupos armados ilegales de varias regiones del país. El objetivo de los paramilitares es apoderarse por la fuerza de la tierra, matan y torturan miles de campesinos para robársela. Colonos, terratenientes y narcos las ocupan. Es una perversa reforma agraria a la inversa. Los desplazados internos son 4,7 millones de campesinos, hombres, mujeres y niños, y abundan las viudas y los huérfanos. Es la peor crisis humanitaria mundial después de la de Sudán. Los “paras” realizan la limpieza social, objetivo de sus patrocinadores. El asesinato selectivo de sindicalistas es un escándalo que condena el Congreso de Estados Unidos, de líderes populares, de opositores, funcionarios, políticos, gentes de izquierda y campesinos. Las AUC es la más mortífera maquinaria de crímenes atroces cuyo sadismo no tiene precedentes. Entre 1998 y 2000 el número de masacres es de 200 al año. En septiembre del 2001 Estados Unidos incluye a las AUC en su lista de organizaciones terroristas.

Cuando estalla el gran escándalo de Chiquita Brands, empresa gigante bananera estadounidense, opera en Urabá, por los pagos millonarios realizados por la empresa, entre 1997 y 2003 a los paramilitares de las AUC, la revista Alternativa denuncia la actividad de intermediarias de las Convivir, las describe como grupos paramilitares legales, amparados por el Estado, las cuales actúan en coordinación con las AUC. El jefe paramilitar “HH” las señala como plataforma de los grupos paramilitares de Urabá, obran al amparo las AUC para despojar a los campesinos de sus tierras (Duzán, 2008, 13 de julio). Según organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos las Convivir, legalizan el paramilitarismo. Salvatore Mancuso, máximo comandantes de las AUC, menciona la participación de su organización en la formación de por lo menos diez Convivir para el norte del país. “No nos digamos mentiras, todas las Convivir eran nuestras”, admite el para “HH” (Comisión Colombiana de Juristas, 2008, 20 de junio). Ante el malestar general por el cúmulo de quejas por violación de los derechos humanos y atropellos contra la población civil, el Gobierno desmonta las Convivir en 1997, las desarma y las declara ilegales, muchos de sus miembros ingresaron a las AUC.

En marzo del 2007 un artículo de Michael Evans, analista del Nacional Security Archives, en Washington, enreda a Uribe, pues no sólo existen lazos de Chiquita Brands con las AUC, sino de Uribe, gobernador de Antioquia, con los paras. Documentos desclasificados de la CIA informan de operativos conjuntos de as Convivir en Urabá y las AUC. Tal conexión es importante, anota Evans, pues es el período en que el gobernador Uribe es el principal promotor de las Convivir (Evans, 2007, 29 de marzo).

Uribe presidente
En el 2002 Álvaro Uribe Vélez es elegido presidente de la República, y los jefes paramilitares, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, cúpula de las AUC, cantan victoria, pues lo han elegido y han elegido a 35 parlamentarios, agregan que el Gobierno les da su cuota de poder (Cambio, 2009, 27 de mayo). Años más tarde la abogada de Diego Murillo (Don Berna), sanguinario jefe paramilitar del Bloque Norte de las AUC, desmovilizado, detenido y luego extraditado por Uribe a Estados Unidos como narcotraficante, afirma ante un juez federal que su cliente financia parte de la campaña presidencial de Uribe en 2001. (Verdad Abierta y Agencia de Prensa IPC, 2009, 22 de abril).

Al llegar a la presidencia, en agosto del 2002, una de sus primeras medidas es negociar la paz con los paramilitares, y una parte importante de las AUC se desmoviliza en tiempo récord. La mayoría acepta las condiciones excepcionales propuestas por Uribe. En diciembre manda al Congreso el proyecto de “Ley sobre Justicia y Paz”, para proceder a desmovilizar a los paramilitares. Organismos internacionales defensores de derechos humanos la califican de cuasi amnistía, pues cometen crímenes atroces y de lesa humanidad, las penas máximas son de 5 a ocho años, viola el principio de igualdad ante la ley e incrementa el alto grado de impunidad existente en el país.

Para preservar el texto, que beneficia ampliamente a los para, Uribe maneja su bancada mayoritaria en el Congreso a través de su ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi. Los cuestionamientos de parlamentarios a tan laxas medidas son agrios pero no logran imponerse ante la aplanadora uribista. La ley 975, de Justicia y Paz se aprueba: a cambio de desmovilizarse, confesar voluntariamente sus crímenes y compensar a sus víctimas, las sentencias de prisión, de 5 a 8 años máximo, son ínfimas frente a las del derecho penal colombiano para delitos como el homicidio agravado, 27 a 40 años de cárcel, el genocidio, de 30 a 40 años, el secuestro, entre 28 y 40 años. La Corte Constitucional introduce enmiendas para ampliar las exigencias a los paramilitares e introducir compensaciones a las víctimas. Uribe comienza a negociar la desmovilización, en forma gradual, en julio del 2003. Los 50 grupos paras están presentes en 28 de los 31 departamentos del país. Concluye en febrero del 2006 (Hristov, 2009: 62-63). Según el Gobierno, en 3 años de han desmovilizado 31.000 paramilitares pues se acogen a esta ley.

La organización Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), en su informe anual sobre el conflicto armado en Colombia, de noviembre del 2009, menciona la amplia desmovilización de paramilitares, “de la que se ufana el Gobierno”, pero las estructuras paramilitares se mantienen, pues el número de armas entregadas es muy inferior al de desmovilizados; y se refiere al surgimiento de una nueva generación de paramilitares y a la recuperación de las FARC después de los contundentes golpes del Ejército (CNAI, 2009, 25 de noviembre; Semana, 2009, 25 de noviembre).

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, compuesta por miembros de diferentes creencias religiosas cristianas, señala en un informe, de febrero del 2010, a la ley de Justicia y Paz como fuente de impunidad. Y describe la realidad, de los 35.355 paramilitares desmovilizados (cifras del Gobierno), sólo 698 están siendo procesados por delitos cometidos y sólo uno ha sido condenado pero la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia anula la sentencia. Además menciona el grado de infiltración paramilitar, en todas las esferas del Gobierno, los congresistas investigados cuya mayoría son uribistas. La Comisión cuestiona a las Convivir. Sobre ejecuciones extrajudiciales anota que los 1.200 asesinatos, del llamado escándalo de los falsos positivos, a manos de miembros del Ejército, muestran el carácter sistemático de tal práctica, incentivada por los pagos en relación con las bajas guerrilleras. (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2010, 16 de febrero).

La “Operación Orión” es la primera acción militar de la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe. Tiene lugar en octubre del 2002, en la comuna 13 de Medellín y es contra las guerrillas urbanas de las FARC, el ELN y del EP. La lanzan el general Mario Montoya, comandante del Ejército, y el general Leonardo Gallego de la Policía Metropolitana, en coordinación con el Bloque Cacique Nutibara de las AUC, liderado por Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, más tarde extraditado por Uribe a Estados Unidos. Desde la cárcel en Estados Unidos, Don Berna habla sobre su participación en dicha operación, la coordinación de las AUC con los generales Montoya y Gallegos (El Tiempo, 2009, 25 de junio). Dicha operación neutraliza a la guerrilla; los paramilitares se instalan en la comuna y escriben mensajes en las paredes: “Bloque Cacique Nutibara-Orión” (BBC Mundo, 2002, 17 de octubre). Las autoridades antioqueñas ignoran la participación de los paras en dicha operación, la califican de muy exitosa y la presentan como ejemplo de convivencia ciudadana (Agencia de Prensa IPC, 2009, 16 de julio). La población de la comuna también reacciona en forma favorable, pues cesa el brutal enfrentamiento Ejército-guerrilla, y respalda la acción de “paz” del Gobierno.

Cinco años más tarde, en abril del 2007, el diario Los Angeles Times publica un documento desclasificado de la CIA y saca a la luz la colaboración del general Mario Montoya con los paras en la “Operación Orión” (Evans, 2007, 4 de abril). Patrick Leahy, senador demócrata, se entera de esos nexos y ordena congelar la entrega de 55 millones de dólares de ayuda a Colombia; y los retendrán hasta tanto el Gobierno presente pruebas sobre las medidas tomadas para castigar a los culpables (Bronstein, 2007, 3 de mayo).

Arranca la parapolítica

En junio del 2005, cuando Clara López Obregón, auditora general, presenta una demanda penal ante la Corte Suprema de Justicia y le pide investigar la “posible” infiltración de paramilitares en el Congreso, arranca el escándalo bautizado como “parapolítica”. Ésta se basa en declaraciones de los máximos jefes de las AUC, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, pues al triunfo de Uribe anuncian su participación en tal elección y en la de un tercio del Congreso. La Corte Suprema inicia las investigaciones y el país se estremece: más de un centenar de congresistas uribistas tienen nexos con paramilitares y 45 van a la cárcel por concierto para delinquir. Uribe inicia el agotante y nocivo enfrentamiento con la Corte Suprema con la intención de impedir la condena de sus amigos, y acusa falsamente al magistrado Iván Velásquez, quien tiene a su cargo tales juicios, para anularlo. Para evitar que la Corte los investigue como manda la ley, varios parlamentarios renuncian a su fuero, y pasen a la Fiscalía, encargada de juzgar a los particulares, cuyo Fiscal, Mario Iguarán, es de bolsillo del gobierno. No obstante la Corte retoma tales casos, a finales de noviembre del 2009, pues el delito lo comenten como congresistas y no como particulares.

La desmovilización de paramilitares concluye en febrero del 2006. La cúpula de las AUC y un contingente de paramilitares van a la cárcel, comienzan a dar las versiones libres sobre sus crímenes, como exige la ley de Justicia y Paz, y a dar nombres de parlamentarios, políticos, gente prominente de sectores económicos, potentados ganaderos e industriales, oficiales de alto rango, militares y policías activos o en retiro, con relaciones non sanctas con comandantes paras. El país queda atónito frente al grado de penetración paramilitar en los aparatos del Estado y en la sociedad, y a los abismos de corrupción a que llegan miembros de las élites nacionales en alianza con paras y narcotraficantes. Mario Uribe, ex senador conservador antioqueño, primo predilecto del presidente, está entre los 80 acusados e investigados por la Corte Suprema, acusados de concierto para delinquir. La inmensa mayoría de los implicados son de la alianza uribista.

La historia en caliente

Un fenómeno que ocurre durante la presidencia de Álvaro Uribe es la deformación del país y de la sociedad. La inmensa mayoría apoya su política bandera de Seguridad Democrática, estrategia contrainsurgente y de guerra de baja intensidad contra la guerrilla de las FARC, su único mensaje es derrotarlas. “El país pasa del desencanto por la paz al entusiasmo por la guerra”, la totalidad de los medios se contagian del clima de unanimismo a favor la mano dura de la seguridad democrática. Las mayorías, hábilmente manipuladas por el Gobierno apoyan al presidente y acaban por incidir en las líneas editoriales y en los titulares de los diarios a la hora de informar sobre la política y acciones oficiales. Ese ambiente, perversamente acrítico, alimentado por el discurso macartizador del presidente, quien asocia crítica y oposición con subversión, crea un peligroso ambiente de intolerancia y polarización. Y como nunca, “se presenta un divorcio tan grande entre la opinión mayoritaria reflejada en las encuestas y la mayoría de los columnistas de la prensa escrita”, afirma la periodista María Elvira Samper Nieto al recibir el mayor galardón periodístico del país: Premio Simón Bolívar (Samper, 2010, 12 de octubre). Las amplias mayorías, en efecto, admiran su belicismo, su decisión de no descansar hasta derrotar a la guerrilla y acabar con el narcotráfico, cuya violencia campea en el país. Uribe transmite su pasión guerrerista y esa mayoría sólo ve sus logros en el número de bajas guerrilleras y desmovilizaciones, a la postre prueban ser falsas. Las operaciones Fénix (masacre de “Raúl Reyes” y guerrilleros de las FARC en Ecuador), Jaque (el Ejército rescata 15 secuestrados, sin disparar un solo tiro, entre éstos Ingrid Betancourt, ex candidata a la presidencia, y tres contratistas “mercenarios” estadounidenses) y la Camaleón, en julio del 2010, (rescate de militares), son partes de victoria del gobierno contra las FARC.

Uribe ha logrado debilitar y desplazar a las FARC de ciertos lugares y las masas de seguidores le cantan ¡Hosanna! al Mesías. Las principales carreteras, custodiadas por soldados, son de nuevo transitables, es el fin de los ataques guerrilleros (pescas milagrosas) con frecuencia terminan en secuestros. Después de muchos años de inseguridad y violencia las mayorías del país se sienten seguras y aceptan, justifican, no cuestionan o simplemente toleran, los innumerables graves escándalos a lo largo de su gobierno. Por razones aún no explicadas nadie sindica a Uribe, ni lo vincula con tales hechos. Bajo el gobierno de su sucesor, Juan Manuel Santos, comienzan a destaparse varios de esos escándalos y personajes, cercanos al Presidente, son llevados frente a los tribunales. Una de las efectivas táctica de Uribe, cuando lo arrinconan los medios de comunicación por sus dudosos manejos, es usar lo que los periodistas llaman “espejo retrovisor”: revive jugosos escándalos de administraciones anteriores, lanza acusaciones temerarias contra políticos opositores, trata de enlodar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigan la parapolítica, denigra contra defensores de derechos humanos, los acusa de terroristas, amenaza a periodistas críticos de su gobierno, y se va lanza en ristre contra organismos internacionales que cuestionan su gobierno. Con tales tácticas distrae a la opinión pública y la confunde.

A mediados del 2009 estalla un escándalo de enorme envergadura que involucra al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), institución nacional de inteligencia dependiente de la presidencia, una especie de policía secreta comparable a la Stasi, policía secreta de la República Democrática Alemana (RDA). Las revelaciones periodísticas la dejan en la picota pública. La revista Semana destapa un monstruoso operativo ilegal de espionaje, seguimiento y amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos opositores, periodistas, organizaciones defensoras de derechos humanos e incluso miembros de su gobierno (Semana, 2009, 21 de febrero). El DAS intercepta ilegalmente sus teléfonos, faxes y correos electrónicos y les hace seguimientos incluso en el exterior. Tales operativos de espionaje medios los bautizan las “chuzadas”. El director del DAS, Jorge Noguera (ex jefe de la campaña de Uribe en los departamentos de la Costa), maquina ese plan, para garantizar –según él- la seguridad del Estado, identificar amenazas contra el Gobierno y detectar organismos y personas oponentes. Los atemoriza y neutraliza con procesos judiciales contra ellos en base a pruebas falsas. Es un plan maquiavélico, aseguran ex altos funcionarios de esa misma institución.

Rafael García, ex jefe de informática del DAS, es capturado en el 2005 por colaborar con paramilitares en un fraude electoral en el Magdalena y en otros departamentos de la costa Caribe a favor de Uribe (300 mil votos a favor); por apoyar a los candidatos del Bloque Norte de las AUC al Congreso; y por borrar bases de datos de narcotraficantes pedidos en extradición. Lo encierran en la cárcel La Picota en Bogotá. En el 2006 García prende el “ventilador” y comienza a denunciar lo que sabe sobre los actos ilícitos del DAS; acusa a su director de corrupción, de mantener estrechas relaciones con jefes paramilitares y capos del narcotráfico e infiltrarlos en la institución, de entregarles listas de sindicalistas y de personas de la academia a quienes luego asesinan. Descompuesto por el escándalo, Noguera renuncia; la Fiscalía procede a investigarlo y Uribe lo nombra cónsul en Milán, Italia: le debe favores y sabe demasiado.

García destapa el grado de corrupción al que ha llegado el país, da nombre de políticos, congresistas, alcaldes, gobernadores y empresarios, casi todos de la alianza uribista, y los acusa de tener nexos con jefes paramilitares. La Fiscalía corrobora sus denuncias y lleva a la cárcel a 45 congresistas, y más de 100 son investigados. Los llamados escándalos de parapolítica y narcopolítica están al rojo vivo. García saca a la luz la siniestra alianza entre la clase política, terratenientes, ganaderos, industriales y militares con los paramilitares en tareas de limpieza política y social: liquidan guerrilleros, sindicalistas, gentes de izquierda y campesinos para robarles las tierras. Los campesinos son masacrados y torturados y más de 4,7 millones de desplazados internos huyen de esa violencia. Es una de las crisis humanitarias más graves del mundo (Fazio, 2009, 9 de noviembre).

García denuncia actividades gansteriles: una conspiración, en el que él mismo participa, para asesinar el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y a miembros de su gobierno. Lo maquina Noguera con el apoyo del ministro del Interior de Uribe, Fernando Londoño, controvertido personaje de derecha investigado por la compra fraudulenta de acciones de la empresa Ecopetrol que valen millones de dólares y debe devolver con los dividendos. A mediados del 2010 no las ha devuelto, nada ha pasado y sigue campante con espacios de opinión en reputados medio de la radio y de la prensa. Noguera crea un grupo especial y lo infiltra en Venezuela con ayuda del Bloque Norte de las AUC, liderado por alias “Jorge 40”. En Caracas les colabora el Bloque Democrático Venezolano (Fazio, 2009, 11 de noviembre), movimiento de derecha cuyo objetivo es impedir la “cubanización” de su país. Actividades de ese tipo no han tenido lugar en Colombia. Es semejante al complot del generalísimo Leónidas Trujillo, dictador dominicano, quien en los años sesenta intenta asesinar al presidente venezolano Rómulo Betancourt. Le vale la condena de la OEA y el repudio continental.

Más de un centenar de congresistas uribistas están enredados en juicios por parapolítica. Es una pérdida considerable para Uribe, pues son las mayorías con que cuenta en el congreso, las que aprueban a pupitrazo limpio, lo que Uribe les ordene. Tal pérdida explica su tesón para impedir las investigaciones de la Corte, y sus ataques contra el magistrado Iván Velásquez, quien está al frente de tales procesos. Intenta anularlo. Mancuso, máximo jefe de las AUC, desde la cárcel en Estados Unidos, advierte que muchos más nombres de implicados saldrán, cuando hablen los comandantes (Cambio, 2009, 27 de mayo).

En mayo del 2009, dos años después de estallar el escándalo del DAS, Uribe ofrece una tardía recompensa de 200 millones de pesos (10.000 dólares) a quien entregue información para capturar a agentes, autores materiales e intelectuales de las llamadas “chuzadas” a magistrados, políticos y periodistas. El jefe de prensa de la presidencia lee por televisión el comunicado y anuncia la recompensa, “reitera el rechazo y repudio del Gobierno a los hechos cometidos por ex funcionarios inescrupulosos” que estuvieron “enquistados” en el DAS, “cuyo evidente propósito ha sido desacreditar al Gobierno” (Guerra, 2009, 13 de mayo). Tal excusa presidencial es habitual: los subalternos, unos pocos “enquistados” e “inescrupulosos”, son los culpables, Los denuncian, los insulta, les llama terroristas, amigos de las FARC; y él se ¿presenta como víctima inocente. Todo sucediese a sus espaldas.

Más de cuarenta agentes del DAS y cuatro de sus ex directores están detenidos y son investigados. En las audiencias, sin excepción afirman que “nada saben”, ni sabían que lo que hacían era ilegal. Las preguntas claves, aún sin respuesta, son: ¿Quién ordena esos operativos? ¿Quién selecciona los “blancos”? ¿Quién autoriza los fondos millonarios para esa empresa? Y ¿Quién se beneficia con tal información? El DAS es una institución dependiente de la presidencia. Los candidatos presidenciales opinan: Rafael Pardo, del Partido Liberal, afirma: “Éste no es un tema de mandos medios, y hay que saber quién es el ‘Montesinos’ colombiano”; Marta Lucía Ramírez, ex ministra de Defensa, ex embajadora de Uribe en Francia, ahora independiente, sostiene que debe investigarse para saber quiénes son los “de arriba” que dan as órdenes; Gustavo Petro, del opositor partido de izquierda Polo Democrático, acusa a Uribe, él da las órdenes. Cecilia López Montaño, del Partido Liberal, está segura que las órdenes salen del Palacio Presidencial pues el DAS depende del presidente (El Espectador, 2009, 1º de agosto).

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, reputada organización colombiana, defensora de los derechos humanos, víctima del DAS, plantea su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, y expone la dimensión del gigantesco operativo ilegal en su contra. Reinaldo Villalba, presidente del Colectivo, explica que en dicho operativo toman parte, no sólo el DAS, sino la inteligencia militar y policial, la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) y otras agencias de inteligencia y de seguridad del Estado; interceptan ilegalmente teléfonos, faxes, sus computadores y hacen seguimientos no sólo dentro del país, sino en sus misiones en el exterior; recolectan información personal y profesional de sus miembros, toman fotos, hacen perfiles psicológicos, describen sus aficiones y debilidades, investigan su situación económica, bienes y cuentas bancarias. Paulo Sergio Pinheiro (brasileño), representante de la CIDH, encuentra escandalosa tal práctica en un gobierno constitucional y en una democracia. (Semana, 2009, 5 de noviembre). El comportamiento de Luis Alfonso Hoyos, embajador de Uribe en la OEA, en esa audiencia, es vergonzoso: alega irregularidades procesales por parte de la CIDH para rusticar su retiro de la audiencia. El representante de la CIDH niega que no hayan cumplido con los reglamentos al convocar a Colombia (Agencia Efe, 2009, 5 de noviembre). No obstante Hoyos se retira sin dan respuesta a las acusaciones ni plantear ningún argumento en defensa del Gobierno.

El 18 de abril del 2007 The Washington Post comenta una denuncia hecha en el Senado colombiano sobre una reunión de paramilitares en una hacienda de la familia Uribe en Antioquia, donde planean asesinatos (Forero, 2007, 18 de abril). Como protesta el ex vicepresidente Al Gore decide no participar en una conferencia sobre el medio ambiente, en Miami, donde Uribe estará presente. No muchos en Washington comparten la censura de Al Gore a Uribe, pues los republicanos que dominan el Congreso lo consideran un gran presidente y aliado leal. El rechazo de Gore humilla a Uribe y lo descompone. Lo llama con insistencia pero no le responde. Le urge negar públicamente tal acusación y quedarse, como acostumbra, con la última palabra. Convoca a dos ruedas de prensa en Miami y en Bogotá, para exaltar logros de su gobierno, la desmovilización de paramilitares, asegura que sesenta de sus líderes están en la cárcel. Marcela Sánchez, columnista del Post, comenta el incidente con Al Gore que dice ha servido para sacar el lado oscuro de Uribe, desconocido en Washington: “Es un mezquino y desaforado controlador”; le escalofrían sus comentarios sobre los colombianos “que van a Washington y desacreditan a Colombia” y el interés que presta a los informes de la inteligencia militar sobre sus oponentes (Sánchez, 2007, 4 de mayo).

Un hecho, que deja atónito al país, es la extradición hacia Estados Unidos, en la madrugada del 13 de mayo del 2008, de 16 integrantes de la cúpula paramilitar de las AUC, entre estos Salvatore Mancuso, máximo jefe; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, jefe del Bloque Norte; Diego Murillo, alias Don Berna, del Bloque Cacique Nutibara, responsables de crímenes de lesa humanidad, de un sadismo sin precedentes, y de las peores masacres. Los extradita, a espaldas del país, acusados de narcotraficantes. El país se entera cuando ya están en manos de la DEA en territorio de Estados Unidos. Tal acción de Uribe es contra la ley, han debido ser juzgados en Colombia por los crímenes de lesa humanidad y deben responder a las víctimas. La mayoría calla. Juristas lo cuestionan pues impide que continúen dando sus “versiones libres” sobre sus crímenes, de acuerdo a la ley de Justicia y Paz. Algunos denuncian las intenciones de Uribe de callarlos pues han estado dando nombres de políticos y personajes uribistas, involucrados con las AUC, tales escándalos llegan al umbral de la presidencia. Tan grave acto de abuso de poder y violación de la ley, la mayoría del país se lo traga en silencio.

La prensa especula sobre las razones que hubiera tenido Uribe para sacar del país a la cúpula de las AUC: es un mensaje a Estados Unidos para mostrarle que no es “amigo” de los paramilitares y no les teme, afirma un columnista; Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, experto en Latinoamérica, interpreta esa jugada “desconcertante”, como un intento para mostrarle al Congreso de Estados Unidos que los “rumores sobre sus lazos con los paramilitares no son ciertos” (Romero, 2008, 14 de mayo). Ningún presidente, como Uribe, ha usado la extradición de colombianos con tanta euforia. En siete años envía 900 acusados de narcotráfico, y en el 2008, saca 180, entre estos dos guerrilleros de las FARC calificados de narcoterroristas.
En una conferencia sobre la paz realizada en la Casa de las Américas, en Madrid, en abril 21 del 2009, el reputado juez español Baltasar Garzón expresa su desacuerdo con la extradición de la cúpula de las AUC. Sostiene que Uribe no respeta las normas de la justicia penal internacional sobre crímenes de lesa humanidad y agrega: “Se ha producido un plantón y ha dejado en suspenso la ley de Justicia y Paz, que debe aportar datos, documentos y elementos para esclarecer hechos”. Eduardo Pizarro, director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, depende de la presidencia, y Frank Pearl, alto comisionado para la Paz en Colombia, quienes participan en dicha conferencia, apoyan la extradición de los paras pues no afecta la ley de Justicia y Paz, sostienen. Por el contrario la favorece, afirma Pizarro (Agencia Efe, 2009, 20 de abril).

Desde la cárcel en Washington Mancuso asegura: “La verdad importante la tienen los comandantes”, pero “con nuestro envío a Estados Unidos extraditaron la verdad”. Recuerda el apoyo de AUC a la candidatura de Uribe a la presidencia, las conversaciones con Juan Manuel Santos, a mediados de los años noventa (no ocupaba entonces ningún cargo público), en busca de su apoyo a un golpe, de un grupo de “conspiretas” (así los llaman), contra el presidente Ernesto Samper (Cambio, 2009, 27 de mayo). Joaquín Pérez, abogado de Mancuso, entrevistado por la revista Semana, en noviembre del 2008, comenta: “Faltan muchas verdades por decir”, pero su cliente está dispuesto a revelarlas y agrega: “Gran parte de la sociedad se unta o está afectada por la influencia de las AUC”, pues el proceso ha tomado muchos años (Semana, 2008, 15 de noviembre).

En abril del 2008 estalla el escándalo sobre la ilegalidad de la reelección de Uribe en el 2006, pues ocurre por compraventa de votos a dos congresistas: Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, con el propósito de cambiar el artículo de la Constitución que la prohíbe. Las huestes uribistas, mayorías en ambas cámaras, aprueban el cambio del “articulito” y Uribe es reelegido. El escándalo sale a la luz cuando Yidis acusa al Gobierno de no haberle cumplido las promesas para cambiar su voto, y compromete a los ministros del Interior, Sabas Pretelt, y de Protección Social, Diego Palacio; al ex secretario general de la presidencia, Alberto Velásquez, y a su reemplazo, Bernardo Moreno, quienes negocian con ella. La Corte Suprema confirma la compraventa del voto y los dos congresistas van a la cárcel por cohecho (Semana, 2009, 15 de julio). Mientras los dos congresistas van a la cárcel, los ministros y funcionarios involucrados en el negocio, siguen libres y en sus cargos. En junio del 2008 Uribe nombra a Sabas Pretelt embajador en Italia, regresar para rendir indagatoria ante la Fiscalía por ese hecho, pero vuelve a Roma y afirma estar tranquilo pues ha demostrado su inocencia. La investigación dura dos años, pasa uno engavetado en la Fiscalía de Mario Iguarán. En diciembre del 2008 Alejandro Ordóñez, nuevo procurador, devoto del Opus Dei, cuyo nombramiento desata un amplio debate en su contra, lo absuelve, pero en septiembre del 2010 la Fiscalía condena a Sabas Pretelt por cohecho y está ad portas de la cárcel.

Con el escándalo de Yidis el país se entera del fraude en la reelección de Uribe pues fue por compra de votos a congresistas, pero tal noticia no produce protestas callejeras como en Irán. La amplia mayoría uribista impediría cualquier medida contra el presidente. Un comentarista compara el silencio en Colombia sobre ese fraude, con las bien agitadas protestas en Irán, en junio del 2009, contra la reelección del presidente Ahmadineyad, calificada por la oposición de fraudulenta (el ayatolá, máxima autoridad iraní, lo felicita por el triunfo) Tales protestas tienen amplia resonancia en occidente, incluidos los medios de comunicación colombianos que no reaccionan frente al fraude de Uribe.

Tres años más tarde el ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Guillermo Cuello Baute, remueve ese escándalo cuando denuncia ante la Corte Suprema de Justicia el reparto ilegal de 79 notarías en el 2004 para asegurar la reelección de Uribe en el 2006. Los beneficiarios son congresistas y particulares. Cuello informa sobre sus reuniones en el Palacio con el secretario de la presidencia, Bernardo Moreno, y el viceministro del Interior, Hernando Angarita, de las cuales, dice, Uribe está enterado. El objetivo es sacar adelante la reelección a como dé lugar y explica las presiones de funcionarios de Palacio para obligarlo a entregar las notarías que han ofrecido y menciona la intervención de los hijos del presidente en la asignación de algunas de éstas (El Espectador, 2009, 8 de julio). Juristas alertan sobre dicha actividad: Uribe ha cometido el delito de cohecho, pues de allí salen los decretos listos para la firma del ministro de turno, encargado de repartirlas. La Corte comprueba tales denuncias y ordena allanamientos a las residencias de congresistas y particulares beneficiados con notarías. Cuello reitera tales cargos ante la Procuraduría General de la Nación y denuncia las presiones del secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno; del ministro del Interior, Sabas Pretelt, y del representante Hernando Henríquez, por obligarlo a los nombramientos de notarios a sus clientes. Moreno “bastante alterado”, afirma Cuello, lo acusa de estar impidiendo “cumplir compromisos” relacionados con la reelección del presidente (Castro, 2009, 27 de junio).

El cinismo de Uribe llega al tope cuando el país se entera de sus relaciones con la mafia paramilitar y del narcotráfico que tiene acceso al Palacio de Nariño y a altos funcionarios del gobierno. En agosto del 2008 la prensa informa sobre su ingreso a Palacio en abril del 2008. Entran discretamente por una puerta trasera para cumplir una cita —la tercera— con el secretario jurídico de la presidencia, Edmundo del Castillo, y con el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez. Van a entregarles presuntas “pruebas de manipulación de testigos” por parte del magistrado Iván Velásquez pues su intención es perjudicar al presidente. Lo que busca Uribe son pruebas para liquidar al magistrado y obligarlo a suspender las investigaciones contra parapolíticos. Las acusaciones contra el magistrado prueban ser falsas. Varios de los asistentes a tan insólita reunión tienen prontuario judicial y están próximos atenerlo. Diego Álvarez es abogado del jefe paramilitar Don Berna; un tal Job, ex jefe paramilitar, principal interlocutor de los desmovilizados, trabaja para la Oficina de Envigado, poderoso imperio criminal de la mafia creado por el capo Pablo Escobar, ahora controlada por Don Berna; Job va a Palacio en su representación (Duzán, 2008, 30 de agosto), tres meses más tarde Job es asesinado en Medellín; Rodrigo Zapata Sierra, alias Ricardo, es desmovilizado de las AUC, lo capturan en marzo del 2009 en un centro comercial en Bogotá, y lo encarcelan por homicidio agravado y concierto para delinquir; Gustavo Tapias Ospina, es luego extraditado y condenado a once años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

Finalmente, Juan José Chaux Mosquera, de la oligarquía de Popayán, ex gobernador del Cauca, en ese momento embajador de Uribe en Santo Domingo, es otro de los asistentes a la reunión en el “Palacio de Nari”, nombre que le asigna la mafia al Palacio presidencial. (Quevedo, 2009, 4 de abril). Cuando estalla el escándalo Chaux renuncia a la embajada y un año después, en mayo del 2009, es detenido en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, y encarcelado por concierto para delinquir. Sus relaciones con jefes de las AUC han sido muy estrechas (Semana, 2009, 18 de mayo).

En octubre del 2008 sale a la luz el asesinato de 19 jóvenes de familias humildes del pueblo de Soacha, cercano a Bogotá, han salido en busca de trabajo y al poco tiempo aparecen muertos a 500 kilómetros de distancia en una fosa común al norte del país. Miembros del Ejército los presentan como guerrilleros muertos en combate. Los han sacado de Soacha con falsas promesas de trabajo, los llevan a zonas de combate donde los asesinan y los disfrazan de guerrilleros, el objetivo es cobrar las recompensas del Gobierno por “enemigos muertos”. Tal escándalo ponen al descubierto la macabra alianza entre militares y paramilitares quienes se encargan de ultimar ciudadanos inocentes. Con tales bajas “guerrilleras” el gobierno muestra la “eficacia” de la Política de Seguridad Democrática. La urgencia del gobierno de mostrar “resultados” positivos de la política bandera de Uribe, crea enorme presión en las filas del Ejército con tan macabro resultado. El sistema de recompensas por muertes de “enemigos” no lo inventa Colombia. Es parte de la política de contrainsurgencia contenida en los Manuales del Pentágono, textos que usa la Escuelas de las Américas. Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, encuentran tal método en extremo efectivo.

Sin asumir responsabilidad en tales hechos, poco después, en Palacio, rodeado de sus ministros, Uribe lee un comunicado por televisión en el que nuncia la purga de veintiocho oficiales y suboficiales del Ejército, entre estos tres generales. Da la espectacularidad necesaria a esa la “purga”, señalada como la más extensa en muchos años. Dicho acto teatral, no es para consumo interno, sino para mostrarle a Washington su prontitud para “castigar a los culpables”, aunque, en tan corto tiempo, difícilmente ha podido realizar la consabida investigación “exhaustivas” antes de aplicar sanciones. Los tres generales tildan tal medida de “injusta” y explican su correcto desempeño en largos años de servicio y su estricta vigilancia de los soldados bajo su mando. Iván Cepeda, presidente de la organización Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, considera que la responsabilidad no es sólo de los generales, pues Santos, ministro de Defensa, debe renunciar. En diciembre la prensa informa sobre investigaciones a 3.500 militares, por presuntas ejecuciones fuera de combate (Cambio, 2008, 22 de diciembre).

El Congreso de Estados Unidos le pide al Gobierno colombiano una investigación sobre los asesinatos, y sanciones a los responsables. Retiene la ayuda económica al Ejército, más de 500 millones de dólares al año, hasta obtener una respuesta aceptable. Al año aún no la han recibido.

La imagen de los presidentes colombianos se mancha, de tanto en tanto, con los escándalos de quienes el vulgo llama “hijos del ejecutivo”. Casi siempre son negocios, limpios o sucios, legales o ilegales, pero faltos de transparencia, de ética y de moral, que les reportan grandes ganancias de sus “delfines”. Tales negocios casi siempre hacen tambalear la silla de sus progenitores. En el escándalo de Jerónimo y Tomás, hijos de Uribe, en abril del 2009, el mandatario no se da por aludido, no comenta y sugiere: “Pregúntenle a los muchachos”. En un abrir y cerrar de ojos se han vuelto multimillonarios: compran extensos terrenos en la sabana de Bogotá, en el municipio de Mosquera y, por arte de magia, el alcalde de esta población, José Álvaro Rozo Castellanos, los declara zona franca. Los ministros de Hacienda y de Comercio, el Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y otros altos funcionarios, aprueban la nueva designación de esos terrenos. La ganancia de los Uribe se calcula del 1 por 1.000. El asunto va al Congreso, los ministros se defienden y defienden a los Uribe Moreno, con el argumento de no estar al tanto de que los dueños eran los hijos del presidente (Cardona, 2009, 20 de abril). Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, partido opositor, califica el negocio de “escabroso”, cuestiona la moral de los ministros, pues han debido declararse impedidos por tratarse de los hijos de su jefe, y señala la conducta dolosa del jefe del Estado y de sus ministros: “No pueden alegar que no sabían, pues antes de declarar los terrenos zona franca tenían la obligación de investigar”. Robledo da una amplia información sobre éstas y otras numerosas adquisiciones de extensos terrenos por paye de los hermanos Uribe Moreno (Cambio, 2009, 14 de mayo; Robledo, 2009, 12 de mayo).

Ética, moral y decencia son conceptos poco usuales en el gobierno de Uribe. su largo mandato ha estado manchado por un cúmulo de graves escándalos, aún no aclarados, sin que haya sido declarado responsable. Aún no ha cumplido los dos períodos presidenciales, está ad portas de un referendo reeleccionista para un tercer mandato y no obstante la nutrida lista de escándalos sigue contando con más del 80% del apoyo ciudadano y sus partidarios en control del Congreso.

A Obama, hombre de principios, de valores éticos y morales (en su libro Audacity of Hope, un best seller en el mundo, dedica un capítulo sobre su importancia), le toca aceptar a Uribe con su fardo de mala fama, de sus relaciones con las mafias, narcos y paras, e ignorar el cúmulo de sus escándalos. Bush, de ultraderecha y jefe de un gobierno corrupto, mira a otro lado. Uribe es su único aliado en el continente, es leal y obsecuente, calidades apreciadas en Washington. La vida pública de Uribe, y tal vez la privada, está documentada en informes de la embajada de Estados Unidos en Colombia, de la CIA, de la inteligencia militar, y de la DEA. En ocasiones han salido a la luz documentos desclasificados o filtrados, de altas fuentes oficiales de Estados Unidos comprometedores. A Obama le toca la carta de triunfo de las siete bases militares y Urib e es el dadivoso y cuenta con el apoyo de las derechas de su país.

Su seguridad hace agua
La Política de Seguridad Democrática, bandera del gobierno de Uribe, es una estrategia militar contrainsurgente enfocada en derrotar a las FARC, que se nutre con el narcotráfico, y a restablecer el orden. Tales metas las ofrece en su campaña e intenta cumplirlas en su gobierno. Los logros de su gobierno en materia de seguridad son aplaudidos dentro y fuera del país. Ha combatido duramente a las FARC, los índices de violencia se han reducido, el número de secuestros ha bajado, los atracos de la guerrilla en carreteras (las “pescas milagrosas”), en general acaban en secuestros, no han ocurrido desde el 2008. En el 2009 un documento del Departamento de Estado registra tales avances y los califica de “notables”. Entre el 2002 y el 2005 los ataques de grupos armados ilegales a poblaciones rurales se reducen un 91%; del 2002 al 2007 los homicidios disminuyen en un 44% y, en ese mismo período, el número de secuestros es 85% menor el del año anterior (Estados Unidos, Departamento de Estado, 2009, mayo).

El gobierno de Uribe le ha dado duros golpes a Las FARC, pero el más duro es la “Operación Jaque”, un espectacular engaño que da la vuelta al mundo. Sin disparar un solo tiro el Ejército rescata a 15 prominentes secuestrados, entre ellos, a la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, quien ha sido objeto de un amplio movimiento internacional a favor de su liberación y de la gestión directa del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy- Ella tiene nacionalidad francesa. Otros liberados son tres mercenarios estadounidenses, capturados cuando cae su avión Cessna en la selva, y 11 soldados colombianos. Llevan secuestrados entre cinco y once años. El mundo se asombra ante tan extraordinaria operación “hollywoodense”, no exenta de riesgo, conducida a la perfección. Mucho después, según los cables de WikiLeaks, se conoce la colaboración del guerrillero-carcelero, César. Facilita la entrega de los secuestrados a cambio de dinero y de otras prebendas. En julio del 2009 es extraditado a Estados Unidos y paga veinte años de cárcel (El Espectador, 2011, 20 de febrero).

A mediados del 2009, informes del Codhes, organización de derechos humanos, de otras instituciones y de observadores de la ponderada Política de Seguridad Democrática, dicen que está haciendo agua. En septiembre la revista Time la ve en declive y a punto de derrumbarse el récord de seguridad de que ha gozado; pues las cifras que presenta el Gobierno sobre sus logros han sido infladas. “Si Uribe sostiene que está ganando la guerra a la delincuencia y su Política de Seguridad Democrática es tan exitosa, ¿por qué tanta gente del campo sigue huyendo atemorizada?”, pregunta. En el 2008, señala, se han registrado 380.000 nuevos desplazamientos forzados por la violencia paramilitar; los campesinos son despojarlos de sus tierras y éstas son ocupadas por narcotraficantes y bandas paramilitares emergentes, en coordinación con empresarios y terratenientes y las siembran con palma africana, o explotan sus minería y recursos petroleros (Gómez Maseri, 2009, 1 de septiembre).

Un documento publicado por el Ministerio de Defensa sobre los éxitos de la Seguridad Democrática registra un total de 114.259 bajas guerrilleras, entre capturados, muertos y desmovilizados durante el gobierno de Uribe. Codhes refuta: esa cifra es exagerada. “Si es cierta, los grupos armados ilegales son o han sido mucho más numerosos de lo que en general se cree, y si es exagerada plantea dudas sobre la veracidad de los informes del Ministerio de Defensa en relación con la efectividad y resultados de esa política”. Señala el aumento de la violencia, 380.000 nuevos desplazados, 21 nuevos sindicalistas asesinados en el 2009, la impunidad se mantiene en un 95% y sólo 16 militares, culpables de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), han sido condenados (Romero, 2007, diciembre). Según la Fiscalía General, en las dos últimas décadas se registran 155 mil homicidios cometidos por paramilitares y guerrilleros, cifras dadas por los desmovilizados en sus “versiones libres”. en cumplimiento de la ley de Justicia y Paz.

El informe anual de la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI) en relación con el conflicto armado en Colombia, publicado el 25 de noviembre de 2009, analiza el desempeño de la Política de Seguridad Democrática y sus conclusiones críticas causan gran malestar al Gobierno: el número de operaciones militares llega al tope y sólo le quedan dos alternativas: profundizar la guerra, o negociar. Las FARC han recuperado territorio y el ELN renace en alianza con narcotraficantes. El Gobierno presenta la desmovilización paramilitar como el fin del paramilitarismo, y el debilitamiento de la guerrilla con los “impactantes” golpes del Ejército, tales logros han generado gran euforia en la opinión pública”, afirma el informe. Pero esta situación no se ajusta a la realidad. CNAI señala el resurgimiento paramilitar, cuyas bandas se extienden en forma acelerada por todo el país y ejercen su autoridad en 293 municipios. Las señala como una nueva generación de paramilitares que el Gobierno no quiere reconocer y las bautiza “bandas criminales” (Bacrim). Tales bandas llegan a Bogotá y Medellín y los índices de homicidio se disparan en ambas ciudades (Valencia, 2009, 26 de noviembre). De los 40 jefes de las AUC sólo 19 están detenidos, afirma (Valencia, 2009, 26 de noviembre). Sus críticas a la Política de Seguridad Democrática enfurecen al Gobierno y a los uribistas y rechazan el informe. Más por el daño que pueda causarle a la imagen del Gobierno que por su contenido. Los datos sobre la guerrilla la favorecen y la oposición podrá utilizarlos para atacar al gobierno. El nuevo ministro de Defensa de Uribe, Gabriel Silva, defiende la Seguridad Democrática es la política gubernamental, la destaca como la más reconocida, exitosa y contundente contra las FARC, y califica de “cuento chino” de Arco Iris el recrudecimiento de la actividad paramilitar mencionada en el informe. La ley de Justicia y Paz, combinada con la fuerza pública, acabaron con ese fenómeno”, afirma Silva (El Tiempo, 2009, 29 de noviembre). Santos, ex ministro de Defensa, comenta que dicho informe, “que cuestionan el actual momento de la política gubernamental contra la subversión hace que muchas voces se confundan y terminen haciéndole juego a la guerrilla”, pues le da “un respiro” (El Tiempo, 2009, 30 de noviembre).