La Contralora General de la República, Sandra Morelli reveló que 59 empresas prestadoras de servicios de salud realizaron una millonaria defraudación a través del cobro sobrefacturado de medicamentos al gobierno nacional.

La defraudación asciende a 32 mil millones de pesos, indicó la contralora.

Además afirmó que las EPS Saludcoop y Famisanar se apoderaron indebidamente de 2 BILLONES de pesos.

Sandra Morelli denunció que la investigación sobre estos hechos de corrupción ha tenido muchas complicaciones debido a que EPS como Saludcoop y Famisanar son entidades muy poderosas financieramente, hasta el punto de que sus estructuras y sus abogados son elementos casi intimidatorios».

La contralora hizo las precisiones en un debate en el Senado de la República, en el cual se analizó la grave crisis de la salud en el país.

Sandra Morelli destacó que en la investigación sobre el llamado carrusel de la salud, se han hecho hallazgos fiscales en Saludcoop, Famisanar, Nueva eps, Solsalud, Caprecom, entre otras.

La contralora pidió al Gobierno y al Congreso, estudiar la posibilidad de reformar el sistema de salud, pues advirtió que «el actual modelo permite una fuga de recursos».

Agregó que, «entidades privadas, encargadas de administrar los presupuestos de la salud en Colombia, han desviado cerca del 50 % de los 40.000 millones de pesos del presupuesto para el sector».

El senador del Polo Jorge Robledo, uno de los citantes al debate, le preguntó a la contralora si esa platica se perdió o es posible recuperarla.

Al respecto respondió:

«En lo relacionado con Programas de Prevención es imposible el rastreo de los recursos, pues a nivel territorial es más complicado la recuperación de esos dineros. Sin embargo estamos haciendo todo lo posible por recuperar esta gran cantidad de dinero».

A su turno, el senador liberal Eugenio Prieto pidió al Gobierno tomar una decisión de fondo para acabar con el problema de las EPS.

Esta posición fue apoyada por el congresista Jorge Ballesteros, quien además recalcó la necesidad de reformar el régimen laboral del sector salud, pues «de 280 mil trabajadores, 200 mil se encuentran en condiciones indignas», dijo.

Entre tanto, el senador Germán Carlosama, pidió al Gobierno adelantar las acciones rápidas y drásticas para solucionar los problemas en las regiones, siendo que «la Ley 100, creada por el anterior Gobierno, convirtió la salud en un negocio».

Las intervenciones de los senadores Antonio Correa y Guillermo Santos coincidieron en exigir meritocracia en la escogencia de los gerentes de hospitales públicos e interventores en las diferentes regiones del país. «La meritocracia en los hospitales públicos no existe», sostuvo Correa.

Para el legislador Santos, «los sin vergüenzas tienen que pagar con cárcel por todo el daño que le han hecho a la salud en Colombia». Además, pidió adelantar un juicio de responsabilidad al exministro de la Protección Social, Diego Palacio, quien, dijo, tuvo el sector a su cargo por ocho años.