José Miguel Sánchez Giraldo, director del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal (IDPAC), denunció que tras la revisión de 85 contratos de Obras con Participación Ciudadana –OPC-, se encontró que hay serias dudas sobre la legalidad jurídica y administrativa que pondrían en riesgo cerca de 11 mil millones de pesos de los Fondos de Desarrollo Local.

«Tras revisar 85 de los 289 contratos se encontraron dudas jurídicas en más de 100 documentos revisados, que ponen en riesgo cerca de 11 mil millones de pesos”, aseguró el Funcionario quien explicó que «Las Obras de Participación ciudadana son la continuación de un proyecto que se inició en el 2001 y ha continuado desde el Gobierno de Peñalosa como OPC. Estas obras tiene varios elementos, uno los recursos provienen de los Fondos de Desarrollo Local, dos son administrados a través de una gerencia de proyectos del IDPAC y se ejecutan a través de las Juntas de Acción Comunal en tres fases»

Indicó que “Este informe se desprende de 298 contratos sobre los cuales se inició un análisis jurídico, técnico y financiero para verificar su debida suscripción con organizaciones comunales bajo la modalidad OPC, y cuyo monto total supera los 24 mil millones de pesos correspondientes a recursos de los Fondos de Desarrollo Local principalmente, de los que fueron desembolsados cerca de 16 mil millones”, afirmó Sánchez.

Un ejemplo de cómo las irregularidades en la ejecución de estos contratos afecta directamente a la ciudadanía se da en el barrio Pastranita II Sector, en la localidad de Kennedy, donde se contrató el reforzamiento y adecuación del Salón Comunal por $247 millones en obras que no cumplieron las especificaciones debidas, registrándose un posible detrimento patrimonial superior a los $115 millones.

Otro caso es el Salón Comunal Sagrada Familia, de la localidad de San Cristóbal que debía ser entregado en el año 2007, pero que en la actualidad es una obra abandonada para la que fueron desembolsadazos el 94 por ciento de los recursos equivalentes a $389 millones de pesos. En casos similares se han afectado en total 62 Juntas de Acción Comunal de la ciudad.

De los 85 contratos revisados se encontró que en 33 el IDPAC dejó correr los 30 meses que establece la Ley 80 para ejercer el trámite de la liquidación por vía administrativa, siendo archivados sin que se revisara el cumplimiento del objeto de los mismos, sin los soportes de paz y salvo respectivos y sin actas de liquidación.
De igual forma, otros 26, que están en este momento en proceso de liquidación, presentan irregularidades en la legalización de cortes para cobros según el nivel de ejecución, soportes contables, interventorías y supervisiones. A la fecha, de estos 26 contratos por seis mil 500 millones, ya hay uno con hallazgo fiscal y cuatro en proceso de declarar incumplimiento, de tal forma que se harían efectivas las pólizas.

Finalmente, entre los contratos revisados, otros 26 que ya tenían acta de liquidación, reflejan inconsistencias en los pagos por lo que también se están revisando las actas para verificar por qué fueron liquidados como si se hubiese cumplido el pleno de los requisitos.

El informe realizado por el IDPAC reporta hasta ocho tipos de irregularidades tales como, reajuste de precios amparados en adiciones expresamente prohibidas, prórrogas y suspensiones sin la modificación debida, falta de soportes para la ampliación o actualización de pólizas conforme a las modificaciones del contrato; o falta de aprobación de garantías acorde a los términos establecidos para la cobertura de los amparos, entre otras.

Estas razones llevaron al IDPAC a poner en conocimiento de los organismos de control las irregularidades encontradas en la contratación del Programa Obras con Participación Ciudadana-OPC.

A través del programa Obras con Participación Ciudadana –OPC- se suscribieron convenios interadministrativos de cofinanciación entre el IDPAC y los Fondos de Desarrollo Local para la construcción de obras, adecuación de infraestructura menor, embellecimiento arquitectónico y recuperación del espacio público, y para su ejecución se definió la vinculación por contrato civil, de organizaciones sociales o comunitarias, en su mayoría Juntas de Acción Comunal.