Una misión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) visita Bogotá, del 1 al 5 de octubre, para conocer los avances de Colombia Compra Eficiente, en materia de contratación pública.
Sobre la visita, la Directora de Colombia Compra Eficiente, María Margarita ‘La Paca’ Zuleta, afirma que “la OCDE puede aportar la experiencia de todos sus países miembros para el desarrollo de políticas de Buen Gobierno en nuestro país”.
Desde su posesión en abril, la líder de la Agencia Nacional de Contratación Pública adelanta con su equipo el plan de acción que presentará a los miembros de la OCDE esta semana. Durante la visita, el organismo entregará las recomendaciones pertinentes para fortalecer este sector.
“Hay un esfuerzo importante para optimizar el uso de recursos públicos destinados a la compra de bienes y servicios, a través de un sistema de inteligencia de negocios de las adquisiciones públicas. Esta política supone un reto grande para el Estado”, agrega.
Sin duda, el ingreso a la OCDE es una de las mayores prioridades del Estado Colombiano. Si bien el país aún no ha sido invitado a formar parte de este organismo, ya comenzó un proceso de acercamiento y el Gobierno fue invitado como observador a comités como el Public Governance Committee, en el que ‘La Paca’ ha participado como su representante.
Las funciones de Colombia Compra Eficiente se enmarcan dentro del Plan de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad Para Todos, en el eje del Buen Gobierno. Allí se inscriben las tres principales líneas de la agencia que son: no se trata de gastar menos, sino de gastar bien; la búsqueda del equilibrio técnico-político de las decisiones de gasto; y la evaluación y asignación de recursos teniendo en cuenta criterios técnicos de productividad y eficiencia.
La literatura sobre la materia dice que el valor total destinado a compras públicas alcanza entre el 10% y el 20% del PIB de un país. Debido a la importancia de este monto, “nuestro objetivo es obtener valor en el gasto público dedicado a la compra de bienes y servicios, asegurar un tratamiento ético y justo a los proveedores del Estado y probidad, rendición de cuentas y transparencia en las transacciones de compra pública”, concluye la vocera.
