La ONU a través de su programa de Desarrollo (PNUD) presentará este miércoles oficialmente la denuncia de un estudio que habla un «déficit de ciudadanía» en cuanto a como los campesinos colombianos sufren como consecuencia de una falta de políticas públicas de desarrollo rural, acceso a derechos básicos y reconocimiento social que, históricamente, el Estado le ha negado.
Esta es la principal conclusión del cuaderno «El campesinado. Reconocimiento para construir país» que el PNUD presentará oficialmente el próximo miércoles, pero que dio a conocer previamente a medios internacionales, y que se convierte en la cuarta entrega de la serie que la agencia ha elaborado tras el Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011.
Fundamentalmente, el estudio sitúa la problemática de los campesinos en la dificultad para acceder a tierras, créditos, asistencia técnica, tecnología, información, vías de comercialización y bienes públicos tales como la educación, la salud y la justicia en un marco de «desatención estatal y violencia».
Según el PNUD, alrededor de un 32 % de la población vive en «ámbitos predominantemente rurales», de la que, aproximadamente, entre 9 y 11 millones serían campesinos.
Esta falta de reconocimiento institucional y social está directamente relacionada, según el informe, con «un imaginario del campesinado desvalido, carente de oportunidades y servicios», que queda relegado a «un papel subsidiario, sin derechos ni garantías».
En términos de cultivo, el PNUD señala que de los 21,5 millones de hectáreas que se estiman aptas para el cultivo en Colombia, sólo se explotan 4,9 millones, de modo quesólo el 22,7 % de las tierras potencialmente productivas están siendo cultivadas.
Ante esta situación, la agencia alerta que de 1950 a 2000, los cultivos campesinos se redujeron del 59,39 % al 36,15 % con respecto al total de la producción agropecuaria, lo que constataría la «casi total extinción de algunos cultivos propiamente campesinos como el trigo el ajonjolí y la cebada».
Mientras, el maíz, el fríjol y la yuca disminuyeron progresivamente.
Esta disminución de la participación de cultivos campesinos en el total de la producción nacional habría provocado, paralelamente, una diversificación de su economía familiar con la participación en actividades agrarias distintas como la minería, la pesca salvaje, el comercio, la manufactura y los servicios.
Y es que, según el Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011, el 52 % de la gran propiedad está en manos del 1,15 % de la población, mientras el resto sólo dispone de pequeñas y medianas posesiones, una realidad que hace de Colombia uno de los países con los niveles de desigualdad más altos de Latinoamérica.
