El senador Marco Aníbal Avirama (ASI) denunció en la plenaria que «la situación de derechos humanos que están viviendo los pueblos indígenas Colombia equivale a decir crisis humanitaria». El 63 por ciento de los pueblos está por debajo de la línea de pobreza y el 48 por ciento por se encuentra por debajo de la línea de miseria.

De acuerdo con el senador del ASI, la inseguridad alimentaria que afecta la población infantil indígena es preocupante y hay una indiferencia absoluta de la nación colombiana.

Asimismo, hizo un llamado a los actores armados para que demuestren su real voluntad de paz, respetando la vida e integridad de niños, mujeres, jóvenes y líderes indígenas, así como las decisiones y la autonomía de los pueblos indígenas del país.

A juicio de Avirama, «el Estado debe entender que la participación de los pueblos indígenas contribuye a fortalecer la paz y mecanismos de concentración el estado debe renunciar a fraccionamientos de pueblos indígenas».

Por su parte, el senador Germán Carlosama (AICO), manifestó que las comunidades indígenas están indignadas porque a pesar de que sigue la invasión y el saqueo de sus territorios, en el presupuesto nacional no se refleja nada para corregir esa situación.

«Necesitamos que se nos garantice la vida y nuestros territorios porque somos el 2.74 % de la población. El Incoder tampoco ha avanzado lo suficiente para defender nuestros territorio y además hay una falta de reconocimiento con nuestros cabildos urbanos», agregó.

Carlosama denunció que la «desnutrición es un grave problema que afecta a la mayoría de las poblaciones de Indígenas, especialmente en departamentos como Chocó, Guanía, Guaviare y Amazonas».

E indicó que «la medicina ni siquiera se conoce en muchas de las poblaciones indígenas del país y 3 de cada 5 indígenas no tienen acueducto; 4 de cada 5 tampoco tienen alcantarillado y mucho menos servicio de energía en pleno siglo XXI”.

Carlosama también denunció que muchas de las mujeres indígenas mueren aún complicadas con el embarazo. «La consulta previa es un derecho constitucional que hay que aplicarlo y no está en la voluntad del Gobierno para su aplicación y tiene que respetarse y no deslegitimarse», sentenció.

Ante los señalamientos, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, recordó los compromisos sociales y económicos adquiridos por la Administración del presidente Santos con los indígenas en la mesa del Cauca, aunque reconoció que desde tiempo atrás con esas comunidades ha habido altas dosis de olvido.

«Este Gobierno avanzó en diálogo y cumplimiento de los derechos de los indígenas y estamos aquí para proponer soluciones y vamos a trabajar para fortalecer las actuales alianzas. En materia de Derechos Humanos las principales infracciones contra indígenas tienen que ver principalmente los grupos ilegales y en algunos casos algunos integrantes de la fuerza pública», explicó.

Carillo anunció que la Fiscalía General creará una unidad especializada para investigar los delitos contra los pueblos indígenas y que la Unidad de Protección de su despacho fomentará todas sus acciones con un enfoque diferencial para incluir los líderes indígenas.

También resaltó la labor que su entidad ha desarrollado con las mujeres indígenas, así como los trabajos de inclusión con esos pueblos que se llevaron a cabo a finales del año anterior. Carrillo igual reiteró todo lo que se ha avanzado en normas y talleres para atender a las víctimas indígenas generadas por conflictos diversos que padecen nuestras comunidades.

En torno a las consultas previas aclaró que como Gobierno no se cuestionan esos procesos, pero considera que es la hora de replantearlos para seguir adelante con reglas de juego claramente establecidas en materia de fases, protagonistas y tiempos, con el fin de dejar de lado tanta inexactitud que hay respecto a muchos casos que involucran negociaciones en la que tienen que intervenir los pueblos indígenas.

Carrillo invitó a los senadores indígenas Marco Avirama y Germán Carlosama a denunciar los documentos falsos que se relacionan con los acuerdos que tienen que ver con las consultas previas en algunas regiones, al tiempo que se comprometió a trabajar de manera conjunta para revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno y en la elaboración de un documento Conpes para garantizar las inversiones que requiere el desarrollo indígena en todo el país.