La plenaria del Senado de la república aprobó por 55 votos a favor y 7 en contra el controvertido fuero militar, que ahora pasa a sanción presidencial para convertirse en norma constitucional.

De acuerdo con el articulado aprobado, la justicia penal militar no conocerá de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento.

El senador Juan Manuel Galán, uno de los ponentes del proyecto dijo precisamente que uno de los grandes avances en la legislación es la clasificación de esos siete delitos que si son cometidos por miembros de la Fuerza Pública, jamás podrán ser conocidos por la justicia penal militar.

Galán negó que la reforma abra la puerta a la impunidad de delitos cometidos por militares. Además advirtió que la Corte Suprema de Justicia, como instancia de cierre de la justicia penal, deberá mantener su vigilancia sobre los procesos que sean adelantados con miembros de la Fuerza Pública que se lleguen a exceder en razón del servicio o por fuera de él.

La nueva norma establece que la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Justicia Penal Militar, contará con un periodo de hasta un año para identificar todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública, con el fin de trasladar a la Justicia Penal Militar aquellos donde no se cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaria

Cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública, relacionados con un conflicto armado, sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario.

«El fuero consiste en una excepción que se le entrega a una institución para que cumplan con la función a la cual están destinados. En el caso de Colombia, se le otorga ese fuero a los militares por la función que cumplen, que es el mandato constitucional, por su riesgo y sacrificio para cumplir con sus funciones», explicó el Senador Galán.

Según el congresista, «es una garantía institucional, no es un instrumento de defensa personal, ni de impunidad, sino de justicia.

«Es una garantía para que el país no se quede sin Fuerzas militares», puntualizó.

Si los actos no tienen relación con el servicio van a la jurisdicción ordinaria, caso contrario, van a la justicia penal militar, aclaró.

Galán desmintió que se desconozca la independencia del juez y el derecho de las víctimas, pues subrayó que la Corte Suprema de Justicia continúa como máximo tribunal para la casación y la acción de revisión.

«Permite que sea independiente y autónoma, no bajo sospecha de que un integrante del mando militar incida en los fallos», sostuvo.

Advirtió que la reforma «fue un trabajo respetable, a conciencia, ni a bandazos de los comentarios de organizaciones de derechos humanos».

PUNTOS FUNDAMENTALES

La reforma constitucional crea un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional, con la potestad preferente de servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública.

Hoy esa competencia la tiene el Consejo Superior de la Judicatura.

Este Tribunal estará integrado por ocho magistrados, cuatro de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y de la Corte Constitucional en pleno.

Los miembros de la Fuerza Pública en retiro de este Tribunal serán elegidos de cuatro ternas que enviará el Presidente de la República.

También crea un fondo destinado a financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública, bajo la coordinación del Ministerio de Defensa Nacional.

TEXTO DE LA REFORMA

Los términos de la nueva reforma constitucional aprobada por el Congreso, son los siguientes:

El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1º. Adiciónese el artículo 116 de la Constitución Política con los siguientes incisos:

Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal, y ejercerá las siguientes funciones:

5. De manera preferente, servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública.

6. De manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.

7. De manera permanente, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar.

8. Las demás funciones que le asigne la ley.

El Tribunal de Garantías estará integrado por ocho (8) Magistrados, cuatro (4) de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en pleno. Los miembros de la Fuerza Pública en retiro de este Tribunal serán elegidos de cuatro (4) ternas que enviará el Presidente de la República.

Una ley estatutaria establecerá los requisitos exigidos para ser Magistrado, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el mecanismo de postulación de candidatos, el procedimiento para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales.

Parágrafo Transitorio. El Tribunal de Garantías Penales empezará a ejercer las funciones asignadas en este artículo, una vez entre en vigencia la ley estatutaria que lo reglamente.

Artículo 2º. Adiciónese al artículo 152 de la Constitución Política un literal g), así:

g) Las materias expresamente señaladas en los artículos 116 y 221 de la Constitución, de conformidad con el presente acto legislativo.

Artículo 3º. El artículo 221 de la Constitución Política quedará así:

De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

En ningún caso la Justicia Penal Militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales.

Cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario. Una ley estatutaria especificará sus reglas de interpretación y aplicación, y determinará la forma de armonizar el derecho penal con el Derecho Internacional Humanitario.

Si en desarrollo de una acción, operación o procedimiento de la Fuerza Pública, ocurre alguna conducta que pueda ser punible y exista duda sobre la competencia de la Justicia Penal Militar, excepcionalmente podrá intervenir una comisión técnica de coordinación integrada por representantes de la jurisdicción penal militar y de la jurisdicción penal ordinaria, apoyada por sus respectivos órganos de policía judicial . La ley estatutaria regulará la composición y funcionamiento de esta comisión, la forma en que será apoyada por los órganos de policía judicial de las jurisdicciones ordinarias y penal militar y los plazos que deberá cumplir.

La ley ordinaria podrá crear juzgados y tribunales penales policiales, y adoptar un Código Penal Policial.

La ley estatutaria desarrollará las garantías de autonomía e imparcialidad de la Justicia Penal Militar. Además, una ley ordinaria regulará una estructura y un sistema de carrera propio e independiente del mando institucional.

Créase un fondo destinado específicamente a financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública, en la forma en que lo regule la ley, bajo la dependencia, orientación y coordinación del Ministerio de Defensa Nacional.

Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan. Cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública.

Artículo 4° Transitorio. Los procesos penales que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública por los delitos que no tengan relación con el servicio o por los delitos expresamente excluidos del conocimiento de la Justicia Penal Militar de acuerdo a los incisos 1 y 2 del artículo 3° del presente acto legislativo y que se encuentran en la justicia ordinaria, continuarán en esta. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Justicia Penal Militar, contará con un periodo de hasta un (1) año para identificar todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública, y trasladar a la Justicia Penal Militar aquellos donde no se cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaria. En el marco de esa coordinación, se podrá verificar si algún proceso específico que cursa en la Justicia Penal Militar podría ser de competencia de la Justicia Ordinaria.

Artículo 5º. Transitorio. Facúltese por tres (3) meses al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para poner en marcha el Fondo de Defensa Técnica y Especializada de que trata el presente acto legislativo. Los decretos expedidos bajo esta facultad regirán hasta que el Congreso expida la ley que regule la materia.

Artículo 6º. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación