-La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó las medidas cautelares que impuso a Colombia para presionar al gobierno nacional a proteger a las comunidades negras del departamento del Chocó, tras la llamada «Operación Génesis», realizada por el Ejército Nacional, en la que supuestamente recibió apoyo de los grupos paramilitares.

Tras diez años de instaurada la demanda a favor de las etnias de Jiguamiandó y Curvaradó, el organismo de justicia internacional reconoció que Colombia “ha hecho importantes esfuerzos para atender la situación de los miembros de las zonas humanitarias”, y añade que aunque persisten riesgos también “hay garantías de que las comunidades no quedarán desprotegidas”.

Sin embargo, está pendiente un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra los responsables de la «Operación Génesis», encabezados por el general Rito Alejo del Rio Rojas, quien de acuerdo con testimonios de paramilitares desmovilizados, contó con el apoyo de integrantes del llamado bloque “Elmer Cárdenas” de las autodefensas.

Como consecuencia de la “Operación Génesis” realizada por el Ejercito en febrero de 1997, en desarrollo de la cual fueron bombardeadas las selvas chocoanas, más de 4.000 afrocolombianos de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó, se vieron obligados a abandonar sus tierras.

Previamente, varios dirigentes indígenas fueron asesinados.

Según lo estableció posteriormente la comisión intereclesial de Justicia y Paz, el desplazamiento forzado tenía como objetivo que empresas palmicultoras y ganaderas se apropiaran de las tierras, para lo cual se aliaron con los grupos paramilitares.

“Durante cuatro días, hasta el 27 de febrero, se desató una actuación militar que combinó operaciones por tierra y por agua del Batallón 35 con centenares de efectivos armados y de “civiles” armados vestidos de camuflado, con armas largas, y granadas que se dirigieron contra los habitantes de estas cuencas del bajo Atrato en el Chocó, en los límites con Panamá, bajo el nombre de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”, precisó la comisión.

“Quedo claro que la operación contrainsurgente era contra los pobladores civiles”, subraya el informe y agrega:

“Nunca hubo combate alguno, no había guerrilla. Los afrodescendientes se vieron obligados a huir a Panamá buscando refugio, a Turbo y a Bocas del Atrato».

Tambien hizo las siguientes precisiones:

«Con el paso de los días la verdad empezó a fluir, la estrategia militar del Estado también era la misma estrategia paramilitar.

El control de tipo paramilitar en La Loma del Cacarica, el Parque Nacional de los Katíos y en La Balsa se asoció a intereses económicos. Poco a poco la selva primaria fue arrasada por empresas madereras que iniciaron sus exportaciones al Norte. Poco a poco se vio como mientras los afrocolombianos huían de sus tierras para salvar sus vidas, nuevos habitantes, colonos traídos como parte de la estrategia de seguridad se apropiaron de las tierras colectivas. Poco a poco se constató que la militarización era la condición para los proyectos agroindustriales del banano y de la palma, de la carretera panamericana, de la fibra óptica, del poliducto.

En esos días cuando llegaron por tierra a Bijao Cacarica, mientras continuaban los bombardeos tomaron al afrocolombiano MARINO LOPEZ, luego de obligarlo a bajar unos cocos para refrescarse, los armados lo intimidaron, le cortaron en varias partes su cuerpo sagrado. Como la muerte violenta es una gracia, y un recreo criminal, jugaron fútbol con su cabeza enfrente del resto de afrodescendientes allí presentes. Era el tiempo de la memoria, era el ritual de la nueva esclavitud, la que años después en el 2001 a través de la estrategia paramilitar se anunció: “Ha llegado el tiempo del progreso”, mientras con desparpajo mostraban semillas de palma, de coca y dólares. Y luego asesinaron a JESUS SERNA y desde ese tiempo hasta hoy 85 víctimas de asesinatos, de desapariciones y de tortura.

La operación de esos días fue comandada por el General RITO ALEJO DEL RIO ROJAS, quién resultó precluido -absuelto de responsabilidad penal- de sistemáticas violaciones de derechos humanos y crímenes de Lesa Humanidad cerca de 200 documentados, de millares más y de su responsabilidad en esta actuación militar en marzo de 2004, por el Fiscal General de la Nación LUIS CAMILO OSORIO».