La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa radicó ante el Congreso de la República el mensaje de urgencia para darle prioridad al proyecto de ley de origen parlamentario mediante el cual se pretende imponer penas mas severas a los conductores borrachos.

Al mismo tiempo, la ministra anunció que «viene trabajando en la elaboración de un proyecto similar, con el objetivo de que su contenido sea tenido en cuenta al momento de elaborar las ponencias y durante el curso del debate para adoptar la ley correspondiente».

La titular de la cartera de Transporte advierte en su carta al Congreso que «la aprobación prioritaria del proyecto de ley se justifica en la necesidad de generar una mayor sensibilidad y compromiso institucional para la prevención de la accidentalidad vial y para la atención y reparación integral de las victimas de tales eventos».

El Proyecto de Ley es el número 90 de 2013, que entró por el Senado, a través del cual «se dictan disposiciones para la sanción de conductas que atenten contra la seguridad vial causadas por conductores en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y para la atención y reparación integral de las víctimas causadas en estos eventos».

Los ponentes son los senadores Luis Fernando Velasco (Coordinador), Juan Manuel Corzo, Juan Carlos Vélez, Hemel Hurtado, Jhon Sudarsky y Luis Carlos Avellaneda.

La iniciativa impone la detención transitoria por hasta 24 horas para quien sea sorprendido por primera vez conduciendo borracho. Adicional a esto, deberá pagar una multa del 25 por ciento del valor comercial del vehículo.

Si se trata de la segunda detención por el mismo hecho, la sanción será de una multa equivalente al 50 por ciento del valor comercial del vehículo. A esto se le suma que el conductor ebrio deberá firmar un acta de compromiso y le será ordenada nuevamente la detención transitoria, con la advertencia de no volver a conducir bajo efectos del alcohol.

Según la representante del Movimiento Mira, Gloria Stella Díaz, una de las promotoras del proyecto, la tercera vez, “el conductor sorprendido en estado de alicoramiento se verá enfrentado al decomiso definitivo del vehículo y de manera inmediata se iniciará un proceso penal por fraude a resolución judicial o administrativa, esto por no haber cumplido la orden que en la segunda ocasión se había impuesto, lo que sin duda lo expondrá a una penalización de 1 a 4 años, y se cancelará hasta por 30 años la licencia de conducción”.

La iniciativa también contempla el aumento del mínimo de la pena del delito culposo para los conductores ebrios que en accidentes viales causen la muerte o lesiones a otras personas. “En este caso, la condena debe pagarse en centro intramural, sin beneficios como la casa por cárcel”, dijo la congresista.

Los conductores perderán la licencia de acuerdo con el grado de alcoholemia en el que sean sorprendidos; puede ser hasta de 10 años.

Con el mensaje de urgencia, las comisiones sextas de Senado y Cámara deberán sesionar en forma conjunta para debatir y aprobar el citado proyecto de ley.

Precisamente para este miércoles en la Comisión Sexta están citados los Ministros de Transporte, Salud, Educación y Justicia, a un debate de control político sobre prevención, reducción y sanción de la accidentalidad vial causada por los conductores en estado de embriaguez.

También están invitados el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, la Contralora General de la República, la Directora Ejecutiva del Fondo de Prevención Vial y el Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal.