Al cumplirse este martes un año de la sentencia emitida por el máximo tribunal de Naciones Unidas, el Gobierno colombiano se niegan a aceptar el veredicto, desfavorable para Colombia, y que levantó la indignación nacional, sobre todo entre los cerca de 75.000 habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Desde que la Corte Penal Internacional con asiento en La Haya profirió el fallo que le otorgó una extensa plataforma marítima colombiana a Nicaragua, en noviembre 19 de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos ha desarrollado una serie de planes tanto políticos como legales para no reconocer la sentencia en contra
El tribunal de La Haya concedió a Nicaragua los derechos económicos sobre una extensión de 75.000 a 90.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe, mientras que ratificó la soberanía colombiana de siete cayos que rodean el archipiélago de San Andrés, dos de los cuales quedaron enclavados en las nuevas aguas del país centroamericano.
Desde entonces, el Gobierno ha consultado seis pooles de abogados, tanto colombianos como internacionales, se retiró del Pacto de Bogotá (1948) que reconoce la jurisdicción de la CIJ y ha sometido la resolución a la revisión de la Corte Constitucional, que tendrá que determinar si esta modificación de límites se ajusta a la Carta Magna.
En este caso, los derechos económicos atribuidos a Nicaragua están asociados a los recursos de pesca y petróleo, que son las principales riquezas que tienen estas aguas caribeñas en disputa.
Esa estrategia también decreta una Zona Contigua Integral entre el archipiélago y la costa continental colombiana para definir su zona de jurisdicción, busca proteger la Reserva de la Biosfera Seaflower, parte de ella ubicada en las aguas en disputa, y lidera una campaña internacional para frenar los ánimos expansionistas de Nicaragua en el Caribe.
El fallo también ha creado problemas entre Santos y otros expresidentes como Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, pues el actual Gobierno declaró haber «heredado» de ellos el manejo del proceso que llevaba más de una década ante la CIJ y que derivó en el fallo que favoreció a Nicaragua.
Antes de que se cumpliera el aniversario, Nicaragua presentó el pasado 16 de septiembre una nueva demanda contra Colombia ante el tribunal de La Haya para que declare el «rumbo exacto» de la frontera marítima entre ambos países en el Caribe, lo que Santos ha rechazado.
De prosperar esta demanda, en un lapso que los analistas calculan en cerca de una década, Colombia ya habrá salido del Pacto de Bogotá y la CIJ ya no tendrá jurisdicción para solucionar este asunto.
De todas formas, Colombia ha buscado blindar ese punto con el decreto que define su plataforma continental extendida y además ha enviado mensajes a la población en los que ratifica su soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre sus aguas.
Santa Fe con agencias
