Economía Tema del Día

Superindustria formula cargos a 8 empresas de seguridad y vigilancia privadas

–Por presuntamente haber conformado “de facto” o de hecho un Grupo empresarial denominado “Grupo SMG” para manipular y acaparar contratos estatales, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos a 8 empresas de seguridad y vigilancia privada.

Las empresas investigadas por la Superindustria son: Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig, Security Management, Group y Sejarpi C.T.A, todas ellas presuntamente controladas ocultamente por Jorge Arturo Moreno Ojeda.

El organismo de control acusa a los directivos de estas empresas de violar la libre competencia económica en al menos 26 procesos de contratación pública.

Según la Superindustria, las 8 empresas investigadas, presuntamente habrían conformado “de facto” o de hecho un Grupo empresarial denominado “Grupo SMG”, por medio del cual se habrían manipulado a través de prácticas anticompetitivas, los procesos de contratación estatal con diferentes entidades públicas.

«La práctica anticompetitiva que se investiga por la Superindustria presuntamente habría consistido en que las empresas simulaban ser competidoras independientes en licitaciones públicas por un valor superior a los 30 mil millones de pesos entre el 2012 y el 2015, cuando en realidad habrían presuntamente actuado de forma coordinada, concertada y bajo la dirección de su controlante oculto, Jorge Arturo Moreno Ojeda», precisa el comunicado.

Entre las entidades públicas presuntamente afectadas por la violación de la libre competencia económica se encuentran entre otras entidades del orden nacional y territorial, los ministerios de Transporte y del Trabajo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Consejo Superior de la Judicatura, la Secretaría de Educación de Bogotá,

La Superintendencia de Industria y Comercio informó que también formuló pliego de cargos contra Jorge Arturo Moreno Ojedas en su calidad de presunto controlante oculto del Grupo SMG, así como a otros altos directivos de las empresas investigadas, por haber presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta violatoria de la libre competencia económica.

Esta nueva investigación con Pliego de Cargos se deriva de la presunta continuación de las prácticas anticompetitivas por parte de las empresas investigadas que fueron sancionadas por la Superindustria en abril de 2017, señaló.

En el comunicado, el organismo de control hace además las siguientes precisiones:

El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (Ad-Hoc), FIDEL PUENTES SILVA, mediante Resolución No. 34247 del 14 de junio de 2017, formuló pliego de cargos a 8 EMPRESAS prestadoras de servicios de seguridad y vigilancia privada (GUARDIANES; STARCOOP; COBASEC; CENTINEL; EXPERTOS; INSEVIG, SEJARPI y SECURITY MANAGEMENT GROUP) y a 13 ALTOS DIRECTIVOS vinculados con estas compañías, por presuntas infracciones del régimen de protección de la libre competencia económica, en al menos 26 procesos de contratación pública en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2015, así:

En el Pliego de Cargos, la Superindustria le imputó a las empresas investigadas la creación y puesta en funcionamiento de una estrategia o sistema creado y ejecutado por los investigados tendiente a limitar la libre competencia, por presuntamente haber participado en procesos de contratación pública simulando ser competidores, independientes y autónomos, cuando en realidad no lo eran, pues obedecían a un mismo interés, y sus estrategias eran coordinadas bajo la dirección y control oculto de JORGE ARTURO MORENO OJEDA con el fin de incrementar artificialmente sus probabilidades de resultar adjudicatarios de los contratos.

Dentro de las pruebas que obran en el expediente de la Superintendencia de Industria y Comercio reposan declaraciones, correos electrónicos, citaciones a reuniones y archivos digitales que darían cuenta de la forma como se habría presuntamente ejecutado la práctica restrictiva de la competencia.

Las entidades presuntamente afectadas por la violación de la libre competencia

Las entidades públicas que habrían podido resultar afectadas por la práctica restrictiva de la competencia realizada por parte de las empresas de vigilancia y seguridad privada investigadas son:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE TRABAJO
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN
PERSONERÍA DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE- BOGOTÁ
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS- INVIMA
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES- VALLE DEL CAUCA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL- BOGOTÁ
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- ALFM
VEEDURÍA DISTRITAL- BOGOTÁ
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR- CARTAGENA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN- BOGOTÁ
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI- IGAC
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Posibles sanciones

En el evento en que el proceso al terminar declare que existió violación de las normas de la libre competencia económica, la Superintendencia puede imponer multas de:

(i) A las personas jurídicas que infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia, hasta CIEN MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100.000 SMLMV) equivalentes a SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($73.771.700.000.oo) por cada infracción; y

(ii) A las personas naturales que actúan en representación de quienes infrinjan esas disposiciones, hasta DOS MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (2.000 SMLMV) equivalentes a MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($1.475.434.000.oo), por cada infracción.

No procedencia de recursos

Contra la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, NO procede ningún recurso.