La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por el término de 11 años contra Gabriel Colmenares Mejía, en su calidad de exalcalde municipal de Curití (Santander), por irregularidades en contratación estatal.

La Procuraduría Regional de Santander evidenció que el disciplinado permitió que en los pliegos de condiciones definitivos de este proceso contractual se estipulara que las visitas al sitio de las obras fueran obligatorias, requisito que se constituyó en una causal de rechazo de las propuestas y en una regla injusta e ilegal con la cual se desconocieron los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad.

Se concluyó además que la falta cometida por Colmenares Mejía afectó el deber funcional, pues en su condición de jefe de la contratación del municipio no protegió los intereses de la entidad a la cual representaba.

La Procuraduría además calificó la falta del exmandatario como gravísima ya que el exfuncionario tenía conocimiento de que su conducta era constitutiva de falta disciplinaria y no obstante optó por realizarla.

Contra esta decisión proferida en primera instancia por la Procuraduría Provincial de San Gil y confirmada por la Procuraduría Regional de Santander no procede ningún recurso.