–El Tribunal Superior de Bogotá avaló la decisión de un juez de la capital de la república de no cobijar con medida de aseguramiento a la excontralora Sandra Morelli Rico dentro del proceso que se adelanta en su contra por las presuntas irregularidades que incurrió en el contrato de arriendo de la nueva sede de la Contraloría y la venta del viejo edificio que ocupaba ese organismo estatal.

El fallo del Tribunal no es apelable y y por lo tanto la exfuncionaria enfrentará en libertad la etapa del juicio convocado por la fiscalía, de acuerdo con el escrito de acusación que radicó el pasado martes por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homogéneo, y peculado por apropiación en favor de terceros.

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Fernando León Bolaños Palacios, confirmó su decisión de abstenerse de imponer medida de aseguramiento, por considerar que no fueron suficientes los argumentos de la Fiscalía para inferir que la ex funcionaria representa un peligro para la sociedad.

Bolaños afirmó que estando en libertad Morelli no afectará ni influenciará en el proceso penal en su contra.

Además, el magistrado estableció que la excontralora puede retornar al país para enfrentar el proceso, pues considera que existen plenas garantías.

Según la fiscalía, los elementos materiales probatorios obtenidos a lo largo de la investigación permiten concluir, con probabilidad de verdad, que la excontralora Sandra Morelli suscribió cuatro contratos desconociendo abiertamente los principios de planeación, transparencia y selección objetiva que rigen la contratación estatal.

Lo anterior considerando que para el arrendamiento de la actual sede de la Contraloría se adelantó un proceso de contratación directa que careció de los estudios técnicos y de mercado necesarios, que permitieran concluir que el cambio de sede era urgente, y que la oferta de la empresa Proyectos y Desarrollos I S.A., por más de dos mil quinientos millones de pesos ($2.500.000.000), era la más favorable para los intereses del Estado.

También ha sido objeto de acusación, el hecho de que se hayan pagado los cánones de arrendamiento correspondientes a dos meses (cinco mil millones de pesos $5.000.000.000) sin que los bienes hubiesen sido usados por el ente de control, cifra a la que deben sumarse los sobre costos globales generados por los dobles pagos realizados al contratista.

De otra parte, en relación con el proceso de venta de las sedes propias de la Contraloría la investigación permitió advertir que en los contratos celebrados para tal efecto con la Central de Inversiones S.A. – CISA, se desconocieron los requisitos exigidos en la ley para proceder a la venta de tales edificaciones.
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