Un fiscal especializado apeló la decisión del Juez Penal de Bogotá con Función de Control de Garantías, quien otorgó la libertad a las funcionarias de la Contraloría General de la República, Mónica Esperanza Cano Bedoya y Edith Roció Gonzales Martínez, acusadas de haber sustraído información confidencial de por lo menos 70 personajes de la vida nacional y de empresas privadas.
El su sustento argumentativo, en fiscal especializado indicó que el juez de garantías no valoró las pruebas que expuestas en la audiencia de imputación de cargos por el ente acusador, sobre el peligro que las sindicadas representan para la comunidad.
Indicó también el fiscal que el juez tampoco hizo valoración alguna sobre cada una de las conductas imputadas y tampoco sobre la inferencia razonable con relación a la autoría o participación de las imputadas en los hechos.
El fiscal en su argumentación solicitó a la segunda instancia que se revise las razones por las cuales se hizo la solicitud de la medida de aseguramiento de detención intramuros, en contra de las dos funcionarias.
El fiscal indicó que las dos imputadas serían responsables de los hechos ocurridos entre el 5 y el 15 de julio del 2011, cuando recolectaron información reservada de un disco duro en el que había datos de por lo menos 70 personajes de la vida nacional y de empresas privadas.
Dijo que para la época de los hechos, Cano Bedoya desempeñaba el cargo como asesora de la Contralora, mientras que Gonzales Martínez laboraba como Coordinadora del Laboratorio Informático de esa entidad, cargo desde el cual falsificó 12 documentos públicos.
Las dos investigadas obraron de manera errónea, ya que no tenían la competencia para ordenar y menos adelantar esa clase de tareas, ya que esa no era función de esos despachos, por lo que se extralimitaron en el desarrollo de sus funciones, pues en ningún momento estaban autorizadas para intervenir en acciones fiscales, ya que tampoco tenían atribuciones para ordenar búsquedas y seguimientos a casos de manera arbitraria, dijo el fiscal.
En audiencia adelantada el pasado 12 de diciembre el fiscal especial ante la juez 41 penal municipal de Bogotá con Función de Control de Garantías, señaló que las dos funcionarias deberán responder por los delitos de prevaricato por acción, en concurso homogéneo y sucesivo con abuso de función pública; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, en concurso con falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.
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