–La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio al excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y a su hijo David en desarrollo del proceso que se le sigue al llamado hacker Andrés Sepúlveda por las «chuzadas» a los integrantes de las delegaciones del gobierno y de las Farc en las conversaciones de paz de la Habana, Cuba. También llamó a ampliar interrogatorio a Luis Alfonso Hoyos, exasesor espiritual de la campaña de Centro Democrático, quien salió del país en los últimos días.

Oscar Iván Zuluaga deberá comparecer ante el fiscal del caso el próximo 30 de enero, mientras su hijo David, deberá hacerlo un día antes, esto es, el 29 de este mismo mes. La diligencia de Luis Alfonso Hoyos fue programada para el 28 de enero.

Según el fiscal General Eduardo Montealegre padre e hijo, al igual que Hoyos, deberán explicar la relación que mantuvieron con el hacker Andrés Sepúlveda y su eventual implicación en las interceptaciones que este hizo a las comunicaciones de algunos de los integrantes de la mesa de diálogos de La Habana.

El Fiscal Montealegre señaló que se cita a los Zuluaga porque hay “elementos que podrían comprometerlos con hechos delictivos”.

“Lo que hay que precisar es si integrantes de la campaña sabían qué estaba haciendo Sepúlveda”, precisó Montealegre en declaraciones a los colegas de la W.

En cuanto a Luis Alfonso Hoyos dijo que se han encontrado «inconsistencias» entre lo dicho por él en el pasado y lo que ha manifestado Sepúlveda sobre la contabilidad de la campaña.

Según Montealegre, “el interrogatorio es para darle más garantías a Óscar Iván Zuluaga, a su hijo y a Luis Alfonso Hoyos. Al llamarlos no significa que hagamos juicios de responsabilidad”, advirtió.

Montealegre afirmó que la investigación contra Sepúlveda “está a punto de culminar» y confirmó que ya hay un preacuerdo entre él y la Fiscalía que obedece a una eventual pena de privación de la libertad de 10 años. La suerte de este preacuerdo la definirá un juez de la capital el próximo 13 de febrero.

Las citaciones a interrogatorio las oficializó la fiscalía un día después de que Oscar Iván Zuluaga radicara, a través de su abogado Jaime Granados, una tutela contra ese organismo investigador ante la Corte Suprema de Justicia por dilatar la entrega del informe forense que el CTI realizó al video en el que aparece el excandidato presidencial en una reunión con el hacker Sepúlveda.

Según Granados, «desde hace más de seis meses en cuatro ocasiones hemos solicitado de manera respetuosa que nos permitan acceder al estudio forense sobre la supuesta reunión de Oscar Iván Zuluaga con el llamado hacker Sepúlveda pero no hemos obtenido respuesta del señor vicefiscal y se nos ha negado el acceso al debido proceso por el derecho que el dr Zuluaga tiene como víctima y la paciencia se nos agotó y nos corresponde venir a la Corte para que aquí se defina esta controversia».

«No existe razón alguna para que nos lo nieguen a menos que la Fiscalía tenga temor de hacerlo”, puntualizó.

David Zuluaga, el hijo del excandidato presidencial, salió del país desde hace 6 meses para adelantar estudios profesionales en la Universidasd de Princeton, según lo confirmó el abogado Granados.

Sin embargo, advirtió que el joven «en todo momento ha tenido comunicación con la fiscalía» y atenderá los requerimientos que esta entidad le haga.

En cuanto respecta al hacker Andrés Fernando Sepúlveda, este se encuentra detenido desde el 9 de junio pasado, acusado de haber interceptado las comunicaciones privadas de los delegados a los diálogos de paz en La Habana.

La Fiscalía General de la Nación le ha imputado cinco cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, acceso abusivo a un sistema informático agravado, uso de software malicioso, violación de información personal y espionaje.

De acuerdo con las investigaciones hechas por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el propósito de las interceptaciones era buscar que levantada la mesa de negociación de paz en la capital cubana, toda vez que fueron filtrados correos electrónicos de algunos negociadores del proceso a quienes les fueron revelados sus perfiles y antecedentes judiciales.

Entonces, el fiscal del caso explicó que se hizo “con el propósito de atacar la campaña de presidencial de (Juan Manuel) Santos”, para lo cual fue adquirido un software malicioso usando el nombre de la Policía Nacional.

Agregó que el hecho constituía un riesgo grave para la defensa nacional por el acceso que tuvo a información clasificada relacionada con las zonas de seguridad, regiones donde se concentra bandas del narcotráfico y organizaciones al margen de la ley.

Asimismo, señaló el fiscal que Sepúlveda tenía como objetivos penetrar los sistemas informáticos de las instituciones de Nicaragua y otros estamentos judiciales de Centroamérica.

Sepúlveda operaba un centro de operaciones en unas oficinas ubicadas en la calle 93 con carrera 15 y la calle 104 con 19, desde donde se habrían interceptado correos electrónicos de los negociadores en Cuba.