Los equipos forenses y judiciales de la Fiscalía, lograron individualizar 13 de los 62 restos humanos hallados en una fosa común en el sector rural de Bocas de Satinga, departamento de Nariño.

Según las autoridades, los cuerpos hallados serían de personas reportadas  como desaparecidas entre los años 2000 y 2005, presuntas, víctimas de grupos paramilitares.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, dijo que los equipos forenses continuarán  trabajando hasta lograr la identificación de todos los restos.

“La realización de exhumaciones de personas que murieron entre el año 2.000 a 2.005 como consecuencia de la violenta lucha que emprendió el paramilitarismo en muchas zonas de la región», dijo Montealegre

Más de 31.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron a mediados de 2006 dentro de un diálogo de paz con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.La mayoría ha confesado haber participado en delitos de lesa humanidad como desapariciones forzadas.

Así mismo dijo que La Fiscalía, la Gobernación de Nariño, la Cruz Roja y el Instituto de Medicina Legal trabajan en las exhumaciones, y añadió que no se ahorrarán esfuerzos para acelerar los respectivos procesos de identificación de los retos y así poder hacer la efectiva entrega a sus familias.

Investigadores de la Fiscalía hallaron una fosa común con al menos 62 cadáveres en el departamento de Nariño que  aparentemente fueron víctimas de grupos paramilitares entre 2000 y 2005.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía hizo el hallazgo en una zona rural del municipio Olaya Herrera, después de conocer los testimonios de varios exintegrantes de grupos paramilitares que operaban en la zona.

«Se identificaron 13 restos, totalmente individualizados, pero hacemos un cálculo aproximado, de acuerdo con la información de una autoridad de la zona, de que pueden ser 62 personas», dijo el viernes en rueda de prensa el fiscal general, Eduardo Montealegre.

El paramilitarismo azotó violentamente a diferentes regiones colombianas en medio de una guerra contra los grupos guerrilleros, especialmente entre 1997 y 2003. Para 2006, se calcula que más de 30.000 miembros de los diferentes bloques se desmovilizaron tras un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El gobierno de la época creó un marco de justicia transicional, la Ley de Justicia y Paz, que consagraba penas máximas de ocho años para los grandes jefes paramilitares que se sometieran y entregaran información de su forma de accionar.