–El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado le notificó al presidente de la República Juan Manuel Santos que la entidad es un órgano de control independiente y autónomo, que no necesita pedir permiso al jefe del Estado, ni requiere que el gobierno le conceda o reconozca ninguna facultad o derecho para cumplir con su deber legal.

El enérgico pronunciamiento lo hizo Ordoñez Maldonado en un comunicado que emitió esta madrugada y en el cual le notifica también al presidente Santos que «la Procuraduría continuará cumpliendo su función con total autonomía e independencia del Gobierno Nacional y en el marco de las competencias fijadas en la Constitución y la Ley».

Como se sabe, el pasado viernes Santos recibió en la Casa de Nariño al procurador Ordoñez para limar asperezas frente a las persistentes críticas del jefe del ministerio público al proceso de paz. Sin embargo, al día siguiente, el primer mandatario lanzó nuevas críticas en su contra y le advirtió que se estaba excediendo en sus funciones, sobre todo por las actuaciones de Ordoñez Maldonado en el exterior.

Al respecto, Santos señaló que «el procurador general no tiene por qué estar haciendo lobby en los congresos de los países en el exterior ni mandando cartas a los senadores norteamericanos sobre aspectos de política colombiana, eso le corresponde a la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín».

Además, le pidió a Ordoñez Maldonado que las observaciones que tenga sobre el proceso de paz las haga sobre realidades y no sobre supuestos.

“Quedamos de trabajar juntos, de comunicarnos permanentemente. Yo le agradecí mucho su interés por la paz, creo que el aporte que puede hacer el Procurador es muy importante”, agregó el primer mandatario.

Por último, el Presidente Santos señaló el papel del Jefe del Ministerio Público en torno del proceso de La Habana.

“En la medida en que pueda recoger a los críticos del proceso pues va a hacer un aporte muy importante, porque en la medida en que podamos ir generando consensos en torno a la paz, la paz y el país van a salir beneficiados”, puntualizó el Mandatario.

Frente a las precisiones del jefe del Estado, Ordoñez Maldonado publicó en la web de la Procuraduría a las 5 y 50 de la mañana de este lunes, el siguiente comunicado:

1. La Procuraduría es un órgano de control independiente y autónomo por mandato de la Constitución.

Las atribuciones de la Procuraduría están fijadas en el ordenamiento jurídico y para ejercerlas no necesita autorización del Presidente de la República.

La Procuraduría no requiere que el Gobierno le conceda o reconozca ninguna facultad o derecho para cumplir con su deber legal. Pretender dicha autorización del Gobierno es quebrantar la Constitución.

2. El Presidente Juan Manuel Santos manifestó inconformidad porque la Procuraduría presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un expediente con 2760 personas desaparecidas. Se trata de un crimen de lesa humanidad respecto del cual se deben respetar los derechos de las víctimas y no puede haber impunidad.

Se recuerda al Presidente de la República que la Procuraduría está obligada por la Constitución a defender el ordenamiento jurídico y los derechos humanos. Teniendo eso en cuenta, resalta que el Estatuto de Roma se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano, como jurisdicción complementaria, a través de la ley 742 de 2002, y en los términos de las sentencias C 578 de 2002 y C 290 de 2012.

Es contradictorio que el Presidente de la República diga que no habrá impunidad en el proceso de paz con las FARC, pero al mismo tiempo reclame porque se presenten a la Corte Penal Internacional crímenes atroces perpetrados por ese grupo, como la desaparición forzada.

La competencia de esa Corte solo se activa si hay impunidad. ¿Entonces, por qué se preocupa el Presidente? Debería estar tranquilo si en realidad está comprometido con penas de cárcel para los perpetradores.

3. Igual sucede frente a las obligaciones internacionales del Estado colombiano.

El Estado tiene obligaciones en la lucha contra los crímenes transnacionales, por ejemplo, en materia de narcotráfico y extradición.

Está obligado también a respetar y garantizar los derechos humanos, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

A la Procuraduría le corresponde velar porque tales obligaciones internacionales se cumplan, sin importar la opinión del Gobierno Nacional.

4. Una cosa es la política internacional, responsabilidad del Gobierno Nacional, y otra las obligaciones internacionales del Estado que se derivan de instrumentos internacionales, en armonía con la Constitución y la ley colombiana. Es sobre el ámbito de estas últimas que la Procuraduría tiene competencia, con el fin de asegurar la vigencia del orden jurídico.

5. La Procuraduría continuará cumpliendo su función con total autonomía e independencia del Gobierno Nacional y en el marco de las competencias fijadas en la Constitución y la Ley.

DEL ENCUENTRO DEL VIERNES

Tras la reunión que sostuvo el pasado viernes con el presidente Santos, el Procurador entregó la siguiente declaración:

Atendí hoy la reunión con el señor Presidente Juan Manuel Santos en cumplimiento de las funciones que asigna la Constitución Política a la Procuraduría General de la Nación. Fue una reunión institucional entre el Gobierno Nacional y el Ministerio Público.

Fue una conversación clara, franca, respetuosa, en el ámbito de las competencias institucionales que a cada uno corresponde.

Expliqué al señor Presidente la iniciativa de la Procuraduría General de la Nación de un Pacto para la Paz, que concite el mayor nivel de consenso posible.

El Pacto para la Paz es un Acuerdo de mínimos sobre lo fundamental y esencial de la democracia y del estado de derecho, que permita garantizar la seguridad jurídica y la sostenibilidad política de lo que se convenga con las FARC.

El Pacto para la Paz busca certeza de que lo que se firme con las FARC se cumpla y se pueda cumplir.

Para realizar un Pacto para la Paz es tan importante el señor Presidente Juan Manuel Santos como el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez.

De manera respetuosa, dije al Presidente, que mucho daño hace que a cada observación que hacen los críticos, el Gobierno reaccione estigmatizándolos como enemigos de la paz.

Resalto las manifestaciones de voluntad del señor Presidente sobre la necesidad de dicho Pacto.

Ratifiqué, adicionalmente, al señor Presidente las siguientes preocupaciones, sobre las cuales la Procuraduría aún no tiene respuestas satisfactorias por parte del Gobierno Nacional.

Unas precisiones importantes, para superar la ambigüedad, petición respetuosa que hice en la reunión:

“Paz sin impunidad” para la Procuraduría implica penas de cárcel efectivas para responsables de crímenes atroces. Espero que en ese sentido se pronuncie el gobierno.

“Dejación de armas” para la Procuraduría es desarme total y absoluto de las FARC. Es desarticulación de ese grupo como aparato criminal. Espero que así lo interprete y lo defienda el gobierno en la mesa de conversaciones de La Habana.

“Reincorporación plena, leal y transparente de la guerrilla, sin armas”, para la Procuraduría implica desarticular a las FARC como organización que ejerce coerción sobre los ciudadanos. La reincorporación no puede significar institucionalizar el modelo de control y dominación por miedo que implementa las FARC en ciertos territorios. Espero que ese sea el alcance que el gobierno dé a la reincorporación.

“Reconocerse como victimario”, para la Procuraduría conlleva que las FARC digan la verdad, que su cúpula acepte, confiese los crímenes atroces. La guerrilla debe reconocer que han ejecutado de manera consciente el secuestro, la desaparición forzada, el homicidio, el reclutamiento de niños como una política sistemática y a gran escala. Deben aceptar su responsabilidad. Espero que ese sea el sentido que le dé el gobierno a ese reconocimiento como victimario.

Preocupa a la Procuraduría y a amplios sectores de la sociedad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

También señalé que el Gobierno debe comprometerse en que se revele la suerte y se entreguen vivos o muertos los más de 2760 desparecidos por las FARC. El Gobierno, ni la sociedad pueden aceptar que las FARC ahora desaparezcan los desaparecidos.

Insistí la necesidad de que las FARC entreguen sus inmensas riquezas para reparar a las víctimas y que estas no pueden ser objeto de un inmenso lavado de activos.

Con el propósito de generar confianza en los esfuerzos para alcanzar una paz estable y duradera, la Procuraduría entregó 45 preguntas sobre el proceso de La Habana al Presidente de la República.

Finalmente, quiero decir a la sociedad que puede estar tranquila. Continuaré defendiendo los derechos de las víctimas y el ordenamiento jurídico.