–La Fiscalía General de la Nación anunció este viernes la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento para el exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Alonso Escobar Gil por el escándalo de la tutela de la Fiduciaria Petrolera S.A., Fidupetrol, lo mismo que contra el expresidente de esta empresa, Abel Guillermo Caballero Lozano.

Al efecto, el organismo judicial informó que en las audiencias, que han sido programadas para los días 4 y 11 de noviembre, respectivamente, se les formularán cargos por los delitos de tráfico de influencias de particular, cohecho por dar u ofrecer y falso testimonio.

En el comunicado, la Fiscalía señala que la solicitud se tramitó dentro de la investigación que adelanta por la posible intervención de particulares ante la Corte Constitucional para tratar de asegurar una decisión favorable en una acción de tutela interpuesta por la fiduciaria Fidupetrol S.A. contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Además precisa que en el caso Fidupetrol, se ha dispuesto la apertura de al menos dos nuevas investigaciones por hechos relacionados con el trámite de las acciones de tutela T-1082 de 2012 entre la Sociedad Recaudos y Tributos S.A. y la Alcaldía Distrital de Santa Marta, y, SU-773 de 2014 entre la Sociedad Portuaria de Cartagena y la Superintendencia de Sociedades.

Por lo anterior, concluye, se ha dispuesto recibir las declaraciones de las personas que se encuentran en poder de información relacionada con estas nuevas investigaciones, así como adelantar los demás actos de investigación que correspondan.

Sobre el mismo caso, el 23 de junio de 2015 el Juzgado 27 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, aseguró al abogado Víctor Pacheco Restrepo, a quien le imputaron los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito a favor de particulares.

Según la fiscalía, Pacheco Restrepo intervino ante los magistrados de la Corte Constitucional Jorge Pretet Chaljub y Alberto Rojas Ríos para que influyeran en otros funcionarios públicos en la selección y posterior revisión del fallo de tutela sancionada por la Corte Suprema de Justicia, la cual obligaba a Fidupetrol, contratista de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) al pago de 22 mil millones de pesos a la gobernación de Casanare.

De acuerdo con el fiscal especializado, Pacheco obrando por sí mismo y luego por intermedio de su empresa de asesorías jurídicas, incrementó de forma ilícita sus ingresos en 152 millones de pesos, producto del tráfico de influencias en la Corte Constitucional para incidir en el fallo de revisión de la providencia.

Por el mismo escándalo de Fidupetrol, el pasado 25 de agosto fue asegurado el empresario Hélber Otero Pacheco, acusado también por tráfico de influencias en la Corte Constitucional.

De acuerdo con el fiscal delegado en el proceso, Otero Pacheco, como máximo accionista de la empresa Fidupetrol, intervino ante la Corte Constitucional en calidad de determinador, para que de acuerdo a sus intereses fuera acomodada una acción de tutela, la cual en sede de revisión debía negar el cumplimiento del reintegro de 25 mil millones de pesos a la Gobernación del Casanare; sentencia que fue emitida por la Corte Suprema de Justicia.

“Pretendía proteger sus intereses económicos por ser propietario del 49.9 por ciento de las acciones de Fidupetrol y contrató al abogado Víctor Pacheco para que realizara las actividades ilícitas”, anotó el delegado acusador.