Por petición de un fiscal adscrito a la Subdirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, un juez de garantías envió a la cárcel La Picota a nueve personas, entre ellas dos sargentos del Ejercito Nacional, presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales, cohecho propio por dar u ofrecer y utilización indebida de información privilegiada.

Una comunicación anónima allegada a la Fiscalía General determinó que uniformados militares se dedicaban a entregar datos privilegiados usando códigos secretos de acceso a las redes informáticas del Ministerio.

“Obtenían información privilegiada del Ministerio de Defensa y la comercializaban con fines aun por establecer, información de seguridad nacional y que pone en riesgo la integridad de los funcionarios y la de sus familias”, sostuvo el fiscal del caso en la audiencia que finalizó a las 6:00 de esta madrugada.

Agregó que la información era entregada a supuestos asesores comerciales de entidades bancarias para ofrecer beneficios financieros o créditos falsos y engañar a los servidores y empleados del Ministerio, así como del Ejército Nacional.

Se conoció además que de los desprendibles de nómina y de los pagos hechos a los funcionarios y servidores públicos se obtenía información, la cual era utilizada para fines delictivos como el cobro de extorsiones.

Entre los procesados fueron identificados el sargento Carlos Andrés Erazo Santacruz, quien aceptó cargos, y el sargento Héctor Alfonso López Puertas.

Con la decisión de la medida de aseguramiento también fueron afectados: Fredy Alexander Madoglia Martínez, digitador de la división de nóminas; Carlos Arturo López Pregonero, jefe de correspondencia y registro del Ejército, y los civiles Fabio Rodríguez Martínez, Luis Fernando Suárez Ortíz, Fredy Gelves Camacho y Jaime Londoño.

El pasado 17 de septiembre, en una operación conjunta entre la Policía, la Armada y la Fiscalía, capturaron a un grupo de 9 personas entre las que se encontraban funcionarios del Ministerio de Defensa, acusados de entregar información confidencial de integrantes de las Fuerzas Militares a particulares que laboraban en diversas entidades financieras.
Entre los capturados estarían, un uniformado, tres civiles pertenecientes a la nómina (uno del Ejército y dos de la Armada) y cinco particulares.

Estas personas empleaban la modalidad de tráfico de información de la nómina oficial hacia personas y empresas no autorizadas, que posteriormente ofrecía falsos créditos y realizaban cobros a integrantes de las Fuerzas Militares.

Según información emitida por las autoridades, los capturados habrían sacado provecho económico de su cargo, de la información de las bases de datos y la nómina.

Los detenidos habrían utilizado la información para estafar a uniformados con, por ejemplo, falsos créditos. La información se la vendían a instituciones financieras y particulares no autorizados.

Además, según las autoridades, las personas sindicadas, presuntamente estafaban a la ciudadanía con llamadas en las que hacían creer que familiares estaban en poder de las autoridades por lo que solicitaban sumas de dinero para supuestamente dejarlos en libertad.

El personal vinculado hasta el momento en la investigación será judicializado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por uso, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y utilización indebida de información oficial privilegiada; y serán presentados ante un juez en el complejo judicial de Paloquemao, quien definirá si los cobija con medida de aseguramiento.

La operación se inició hace más de un año en Bogotá, Ibagué y Neiva, Quibdó y Flandes. Así se detectó la manera en la que operaba esta red. Las investigaciones permitieron que en julio pasado se realizaran ante la Fiscalía las denuncias pertinentes.