El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, insistió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que emita un pronunciamiento oportuno con medidas cautelares de protección por las agresiones contra ciudadanos en la frontera con Venezuela, incluidas las de este fin de semana en zona limítrofe con La Guajira.

Jorge Armando Otálora Gómez rechazó la muerte de dos indígenas Wayúu, en hechos presuntamente cometidos por militares del vecino país, cuando las víctimas acudían en auxilio de otros miembros de la comunidad, cuyo vehículo se había atascado en una trocha.

En una queja formal ante la Defensoría del Pueblo Regional La Guajira, familiares de uno de los colombianos fallecidos, indicaron que tras acudir a un sepelio en el cementerio de la comunidad Kamusshipa, en inmediaciones del corregimiento Wimpeshi, el carro en el que se transportaban presentó una falla y quedó bloqueado, solicitando entonces la ayuda de algunos amigos y allegados que se habían desplazado hacia otro sector, siendo éstos atacados con disparos de fusil cuando llegaban en motocicleta hasta el lugar donde se encontraban las demás personas.

Según el relato, los dos cuerpos quedaron tendidos y uno de los hombres alcanzado por los disparos e identificado como Henry Ipuana, murió en el sitio. El otro ciudadano, Eberth Francisco Ramírez, fue trasladado hacia un centro asistencial en el municipio de Maicao, donde pese a los esfuerzos de los médicos perdió la vida.

Esta mañana, la Defensoría fue informada a través del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que en ambos casos la muerte ocurrió por proyectiles de arma de fuego de alta velocidad recibidos por la espalda.

A esta lamentable situación, que a juicio de la Defensoría del Pueblo es abiertamente violatoria de los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario, se suma la incursión denunciada por el Ejército Nacional el pasado viernes, cuando según la Fuerza Pública 15 miembros de la Guardia Bolivariana ingresaron a territorio colombiano en la zona de Montelara, corregimiento La Majayura, cruzando la frontera en persecución de una persona que pretendía pasar al otro lado de la zona limítrofe en motocicleta, vehículo que al ser abandonado por el conductor, fue incinerado por los militares venezolanos.

La Defensoría del Pueblo, que a la fecha ha recibido 2.808 quejas formales por diferentes tipos de maltrato atribuidas a la Guardia Nacional Bolivariana, considera estos hechos como de extrema gravedad, a la vez que estima necesario exhortar a la CIDH para que acoja las medidas cautelares solicitadas en favor de los colombianos en la frontera, y para que requiera a las autoridades venezolanas a fin de que se investiguen estas acciones contra la comunidad indígena Wayúu.