Las familias del municipio de Bugalgrande que fueron despojados por la mafia del narcotráfico que delinquió en la década de los 80 y 90, volverán a sus tierras gracias a un fallo de restitución que ordena la entrega material y jurídica de sus predios.

En la década de los 90, los esposos Iván Urdinola y Lorena Henao Montoya Grajales, asociados con otro narcotraficante, se apropiaron, con amenazas, de los predios aledaños a la hacienda La Magdalena, ubicada en zona rural de Bugalagrande.

Este semana, el Juez 1 de Restitución de Tierras ordenó devolverle los terrenos a los integrantes de las familias Bernal y Valencia, quienes hace más de 20 años fueron obligadas a vender sus fincas. Son predios, que suman 144 hectáreas que habían sido anexadas a la finca La Magdalena.

El 22 de junio de 1994 en una Notaría de Tuluá, fueron transferidas a la Sociedad Agro Inversora Urdinola Henao y Compañía S. EN C.S, 17 fincas que ocupan cerca de mil hectáreas englobadas en la denominada Hacienda La Magdalena, lugar que se convirtió en el fortín de Iván Urdinola, Lorena Henao, Fernando Marulanda y Heberth Veloza alias ‘HH’.

La Unidad de Restitución de Tierras, desde la Territorial Valle del Cauca Eje Cafetero presentó ante los juzgados de Buga una treintena de solicitudes en representación de familias que señalaron como despojador a alias ‘Marulo’, confeso y extraditado narcotraficante, quien transfirió los títulos de propiedad al reconocido clan de la mafia que operaba en el departamento.

El grupo de narcos y paras aliados se adueñaron de esta finca que llegó a ocupar más de 5 veredas del corregimiento de Ceilán en el municipio de Bugalagrande, ubicado en la cordillera central del Valle del Cauca, como soporte de sus fechorías y estrategia de lavado de activos.

La zona era propicia para estos vejámenes, al tratarse de una parte de la región que conduce hacia el Cañón de Las Hermosas, sur del Tolima; norte del Quindío y corredor hacía el departamento del Cauca, atractivos más que suficientes para quitárselas a estas familias que no hacían más que cultivar la tierra, criar animales y trabajar duro para sacar a sus hijos y nietos adelante.

Una mañana un grupo de familiares y vecinos se acercaron a la oficina de Restitución de Tierras en Cali para preguntar cómo podían recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas por la mafia, las cuales se encontraban hacía varios años en extinción de dominio y por las cuales venían luchando hace dos décadas.

El caso llamó la atención de la Unidad de Restitución de Tierras en donde se dispuso un equipo humano para la sustanciación probatoria que respaldó la inclusión al Registro de Tierras despojadas y las pretensiones de esta demanda de la cual conocemos el primer fallo judicial.

El juez especializado en restitución reconoció como víctimas de despojo a las familias reclamantes y ordena la restitución material con vocación trasformadora predios por más de 200 hectáreas en el corregimiento de Ceilán, Bugalagrande.

“Esta es una sentencia que ratifica el compromiso del Gobierno con las víctimas del conflicto, estos campesinos, víctimas de las mafias más temidas del país, vuelven a sus tierras con garantías de seguridad y apoyo económico para el restablecimiento de sus vidas”, expresó el director General de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego.

El fallo en mención se convierte en el tercer caso del Valle del Cauca, que revierte un despojo de narcotraficantes a campesinos que por tener sus tierras ubicadas estratégicamente, fueron objeto de actos criminales que culminaron con la pérdida de sus fincas y en algunos casos de sus propios familiares.

El primer caso fue el de alias «El Alacrán» en el que la URT logró restituir 4 fincas a una familia de Riofrío, el segundo relacionado con testaferrato en predios de los municipios de Bolívar, Cali y Jamundí y ahora este fallo en contra del clan Urdinola Henao. Todos, por despojos acaecidos en los años 90. Estos resultados marcan una línea jurisprudencial en el país, lo cual resulta ser otra muestra de la efectividad de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que se ha convertido en una herramienta poderosa y segura para resarcir los derechos de las víctimas con predios abandonados y despojados por causa del conflicto armado donde eran los grupos armados y narcotraficantes quienes imponían las condiciones.

Sergio Rodríguez, director territorial del Valle del Cauca Eje Cafetero, aseguró que “la lucha continúa por este y todos los casos de despojo y abandono en el Valle del Cauca, departamento en donde a pesar que persisten dificultades de orden público en algunas regiones, ha podido tramitar en cuatro años de la Ley de víctimas más del 50% de las solicitudes interpuestas con jurisdicción en este departamento”.