Por falta de material probatorio para corroborar las acusaciones del Fiscal Eduardo Montealgre sobre detrimento patrimonial por presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de la sede de la Contraloría en el edificio de Gran Estación en Bogotá en la era de Sandra Morelli, la defensa de la excontralora, pidió ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que la audiencia de acusación en juicio público prevista para hoy fuera aplazada.

El aplazamiento se dio por petición del abogado de Morelli, Álvaro Pérez, quien denunció supuestas demoras de la Fiscalía a la hora de entregar las pruebas con el que cuenta en este caso.

«La solicitud de aplazar dicha audiencia constituye uno de los principios de garantías en este proceso que tiene gran cantidad de material probatorio que debe ser estudiado por todas las partes para actuar con diligencia ante la justicia» explicó el abogado.

Además, el jurista aseveró que «con antelación la excontralora Sandra Morelli había manifestado sus compromisos académicos con la Universidad de Bologna en Italia para lo cual tendría permiso de la Corte».

La exfuncionaria es acusada por los delitos de contrato sin el lleno de requisitos legales agravado y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

De acuerdo con la Fiscalía, Morelli “habría violado los principios de planeación, economía y selección objetiva, generando un detrimento de más de 12.292 millones de pesos por pago de arrendamiento entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de 2012, en el que se evidenció un sobre costo en el valor del canon”.

Para el ente acusador, el proceso de contratación no contó con los requisitos exigidos, evadiendo los estudios técnicos y de mercado para inferir la necesidad de trasladar las oficinas ubicadas en los edificios Crisanto Luque y Colseguros, en el centro de Bogotá.

Igualmente indica que existen fallas en la venta de las dos sedes propias de la Contraloría General de la República en los cuales se desconocieron los requisitos legales exigidos en este tipo de contratos.

También es investigada por presuntamente haber ordenado la interceptación de correos y teléfonos a un grupo de personas sin orden judicial o autorización. Por estos hechos han sido procesados varios de sus exfuncionaraios.