Gobierno dice que en acuerdo de justicia transicional con las Farc hay aspectos por precisar
Ante la controversia que ha generado el disenso sobre el acuerdo firmado con las Farc-EP en materia de justicia transicional, el jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, dijo en una declaración desde La Habana, es «firme», pero consideró que se trata de un «documento en desarrollo» porque quedan aspectos que se deben precisar. De la Calle señaló que hay temas que generan diversas interpretaciones y eso es lo que ha dado lugar a confusiones en los colombianos y los guerrilleros de las Farc.
De la Calle explicó hoy a la prensa en La Habana que el acuerdo hecho público se construyó con base en un texto más largo de 75 puntos, elaborado por un grupo de juristas, y que fue firmado por él, como jefe de la delegación gubernamental, al lado de una anotación que decía «documento en desarrollo».
“A raíz de las declaraciones públicas de abogados e integrantes de las Farc, el Gobierno considera que en algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a su redacción, sugiere un grado de ambigüedad que debe ser precisado”.
«El Gobierno considera que en algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a su redacción sugiere cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado», aclaró De la Calle, en el inicio de un nuevo ciclo de diálogos de paz con las FARC.
Pese a las declaraciones de los guerrilleros en las que indican que lo anunciado el pasado 23 de septiembre no es la totalidad del acuerdo, De la Calle dijo otra cosa.
“Los 10 puntos anunciados constituyen un acuerdo en firme, no hay duda sobre eso. Es un acuerdo firme. Se construyó con base en un texto más largo que contiene 75 puntos que fueron elaborados por abogados. Fue suscrito por el jefe de la delegación del Gobierno haciendo clara manifestación escrita: de que se trataba de un documento en desarrollo, tal y como los integrantes del grupo jurídico lo manifestaron”.
Según el Gobierno, quedan por definir asuntos como el régimen de privación efectiva de la libertad bajo el que cumplirán condena aquellos que se sometan a la jurisdicción especial para la paz, el asunto de las extradiciones o la manera en que entrarán en la jurisdicción especial y serán juzgados los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco de conflicto.
Reiteró que el Gobierno es partidario de dar a conocer los detalles del acuerdo y que por esa razón los abogados que trabajaron en el tema de justicia deben reunirse de nuevo para culminar la tarea.
“Entre los logros está la creación de una jurisdicción seria, de investigación, juzgamiento y sanción de los delitos más graves y representativos que tendrá competencia sobre todos los responsables, incluidos Farc, agentes del Estado y terceros”.
Finalizó diciendo que la conexidad del delito político será definida por una ley que deberá ser tramitada en el Congreso de la República.
Las delegaciones de paz del Gobierno de Colombia y las FARC retomaron hoy en La Habana, sede permanente de los diálogos de paz desde noviembre de 2012, las negociaciones, para avanzar en el punto de la agenda sobre la reparación de las víctimas, en el que ya se salvó un escollo importante con el acuerdo sobre justicia de la semana pasada
A primera hora los guerrilleros de las Farc, con la vocería de ‘Iván Márquez ‘, pidieron al Gobierno revelar la totalidad del acuerdo.
A continuación la declaración de Humberto de la Calle Lombana:
Ante las recientes declaraciones de la delegación de las FARC-EP, como Jefe del Equipo Negociador del Gobierno de Colombia, me permito realizar las siguientes precisiones:
El pasado 23 de septiembre las delegaciones del Gobierno y las FARC, dimos a conocer el importante acuerdo para la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz. Ya hemos señalado los elementos fundamentales que han sido objeto de un enorme apoyo de la mayoría de la sociedad colombiana y de organizaciones y gobiernos extranjeros. Los diez puntos anunciados constituyen un Acuerdo en firme. No hay ninguna duda en esto. Entre los logros trascendentales, está la creación de una Jurisdicción seria de investigación, juzgamiento y sanción de los delitos más graves y representativos que tendrá competencia respecto de todos los responsables, incluidos las FARC, agentes del Estado y terceros; el compromiso de otorgar la amnistía más amplia posible para los delitos políticos y conexos y la aceptación de que la amnistía no cubre los crímenes internacionales y otros delitos graves; la mayor satisfacción de los derechos de las víctimas mediante la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición; la creación de un
sistema de incentivos del cual se desprende un régimen diferenciado de sanciones con restricción efectiva de la libertad para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y la condicionalidad del tratamiento especial a la contribución a la verdad, la reparación y la garantía de no repetición.
Reitero que se trata de un Acuerdo firme sobre el cual no hay duda alguna en el Gobierno.
El Acuerdo hecho público se construyó con fundamento en un texto más largo que contiene 75 puntos, elaborado por el grupo de juristas. Este texto fue suscrito por el Jefe de la Delegación del Gobierno, haciendo clara manifestación escrita, mediante anotación en el texto, de que se trataba de un documento en desarrollo, tal como los miembros del Gobierno del Grupo Jurídico lo hicieron saber en forma oportuna.
En el texto de 75 puntos hay materias pendientes de reglamentar como por ejemplo el alcance concreto de la expresión “restricción efectiva de la libertad” y la relación de la Jurisdicción Especial con los otros componentes esenciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Por último, a raíz de las declaraciones públicas hechas durante los últimos días por abogados y miembros de la delegación de las FARC-EP, el Gobierno considera que en algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a su redacción sugiere un cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado.
A juicio del Gobierno, el Grupo Jurídico debe terminar su tarea a la mayor brevedad.
Una vez esto ocurra, al Gobierno es claramente partidario de darlo a conocer en su integridad a la opinión pública para que se dé un conveniente debate ciudadano sobre los pormenores de lo pactado.
Consideramos entonces que es necesario continuar el trabajo por parte del Grupo Jurídico para concretar los elementos pendientes que en nada afectan la esencia de la fórmula anunciada el pasado 23 de septiembre.
