El colegio Gimnasio Castillo Campestre pedirá perdón este miércoles a la familia del estudiante Sergio Urrego, joven que se suicidó por presiones de la institución educativa debido a su orientación sexual. Este acto responde a una sentencia dictada por la Corte Constitucional.

Cabe recordar que el estudiante Urrego tomó la decisión de acabar con su vida lanzándose al vacío desde la terraza de un centro comercial de Bogotá, debido a la depresión que sentía al sentirse discriminado por parte de sus compañeros y directivas del plantel educativo luego de que conocieran su orientación sexual.

Frente a este caso, la Corte Constitucional falló a favor de la madre del estudiante una tutela que argumentaba que a su hijo las directivas del colegio le habían violado los derechos a la intimidad, igualdad y debido proceso.

Además de darle la razón a la madre de Urrego, le ordenó a las directivas del colegio reparar los derechos del menor por medio de la instalación de una placa en las instalaciones del colegio y recordar que dichos espacios deben promover una deliberación en la diferencia, el respeto y la pluralidad.

Se espera que en las próximas hora, el colegio realice un acto de desagravio en donde a través de una ceremonia de grado póstumo y la instalación de una placa en su nombre, pedirá perdón por los actos de discriminación contra el joven estudiante.

Alba Reyes, mamá de Sergio, le expresó al diario El Espectador que el acto es una reflexión sobre todo lo que ha sucedido con el caso de su hijo y aseguró que “es un acto que, para la familia, restablece un poco la memoria de Sergio frente al maltrato y la discriminación que sufrió, y va mucho más allá porque significa un ejemplo y un precedente de lo que no debe suceder en ningún colegio”.

Por su parte, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, la sentencia es muy positiva, pues no solamente reconoció la discriminación en el caso puntual, sino la función del sistema educativo como espacio democrático para la discusión abierta sobre la diversidad y el respeto por ésta.

En la sentencia de la Corte se reconoció que existe un problema estructural en el sistema de protección de los estudiantes ante el acoso escolar. Por lo tanto ordenó al Gobierno Nacional, en particular al Ministerio de Educación, aplicar efectivamente la política de convivencia escolar.