–Pliego de cargos formuló la Procuraduría General de la Nación a 2 oficiales y 2 suboficiales de la Armada Nacional por presunto maltrato a infantes de marina en curso avanzado de combate en el Centro de Entrenamiento Anfibio en Coveñas, departamento de Sucre, en la costa Caribe colombiana.

Los afectados por la decisión son el capitán de Infantería de Marina Salvador Francisco Orjuela Echandía, el subteniente Richard Antonio Torres Ariza, el sargento viceprimero Elkin Fidel Oñate Candama y el cabo segundo Obert Arley Zurita Soto.

De acuerdo con el pliego formulado a través de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, estos uniformados serían responsables disciplinariamente de un caso colectivo de posible maltrato y tortura a miembros de la Armada Nacional en desarrollo de entrenamientos militares.

Los hechos fueron denunciados en marzo de 2015 a través de diferentes medios de información, que dieron cuenta de los presuntos maltratos consistentes en conductas crueles, agresiones, insultos y amenazas de muerte a uniformados que adelantaban el curso avanzado de combate REES (Resistencia, evasión, escape y supervivencia) en una base de entrenamiento ubicada en el departamento de Sucre.

En el caso del capitán Orjuela Echandía, oficial táctico del Curso de Combate 068 de 2014 realizado en el Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio de la Armada Nacional con sede en Coveñas (Sucve), la Procuraduría reprocha que presuntamente permitió el maltrato a los estudiantes por parte de los instructores, cuando era su función realizar control a las pruebas físicas, con lo que habría incurrido en falta disciplinaria calificada provisionalmente como grave, a título de culpa.

Al subteniente Torres Ariza, al sargento viceprimero Oñate Candama y al cabo segundo Zurita Soto, director e instructores de la Fase REES del curso, se les investiga por presuntamente agredir física y verbalmente a los uniformados en instrucción, posible falta gravísima a título de dolo, según la calificación provisional.

La decisión de la Procuraduría ordenó el archivo de diligencias en favor de dos cabos segundos y un infante de marina profesional.

Tras su notificación, los investigados y/o sus defensores disponen de diez días hábiles para presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas si lo estiman conveniente.