La Fiscalía General de la Nación solicitó a un juez de control de garantías que ordene la captura del clan Úsuga por el paro armado ocurrido entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2016, en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Guajira, Magdalena y Quindío.

La decisión judicial afecta al presunto líder del grupo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, y a quienes al parecer son sus colaboradores más cercanos, identificados como Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán; Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás; Arístides Mesa Páez, alias El Indio, y Luis Orlando Padierna Peña, alias Inglaterra,

“Los delitos cometidos por esta banda criminal durante el paro armado, declarado por sus máximos líderes, son homicidio agravado, terrorismo, amenazas, obstrucción de vías públicas y concierto para delinquir. Durante esas jornadas se presentaron atentados contra 6 miembros de las Fuerzas Armados, en los que murieron un capitán y un soldado del Ejército Nacional, así como 3 agentes de la Policía Nacional. Además, resultaron heridos, entre intendentes y patrulleros, otros ocho policías”, aseguró Juan Carlos Acevedo, director nacional de Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado.

Durante el paro armado, los integrantes del clan Úsuga, quien se autodenominario en planfletos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, realizaron ataques contra agentes del escuadrón motorizado del Ejército en la vía Apartadó-Turbo (Antioquia), ataques a estaciones de Policía en Antioquia, hostigamientos contra la base de los Comandos Jungla de la Policía en Unguía (Chocó) y el incendio de 11 vehículos de carga, transporte público y motocicletas, en los cuales resultaron 6 personas heridas.

“Por el solo delito de homicidio, la pena alcanza desde los 33 años hasta los 50 años de prisión. La Fiscalía está decidida a combatir abiertamente a esta banda criminal, estamos haciendo el seguimiento de las denuncias por los atentados que padeció el sector comercio, el gremio transportador en los 25 municipios, donde los líderes de esta banda armada ilegal ordenaron el cierre de establecimientos comerciales y turísticos, la parálisis del transporte público y la jornada escolar en escuelas y colegios”, dijo el fiscal Acevedo.