Luego de que la corte rechazara las objeciones de Colombia y se declarara competente para juzgar la demanda de Nicaragua, Managua demandó a Bogotá para pedir al alto tribunal de la ONU que declare que Colombia viola su obligación de no usar o no amenazar con el uso de la fuerza, y de no violar las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas por la Corte en 2012.

También hizo referencia al respeto por los derechos soberanos de Nicaragua y su jurisdicción sobre estas zonas. En noviembre de 2012 el alto tribunal de la ONU había remodelado la frontera marítima entre ambos países.

La corte definió la fecha de 28 de septiembre de 2016 para la presentación de las memorias de uno y otro país, en la búsqueda de solucionar los conflictos limítrofes de la frontera marítima única entre la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas de Nicaragua y de Colombia dentro del límite de las 200 millas náuticas a partir de las líneas de base desde las cuales se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua.

En este mismo sentido, los jueces dejaron bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, y a Nicaragua le otorgaron una franja marina en esa zona, que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y, el país centroamericano, en más de 90.000.