La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representanta en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por los perjuicios morales y materiales que sufrió la familia de José Estanislao Amaya Páez, personero asesinado en la incursión del ELN en el municipio de San Calixto,Norte de Santander, el 17 de diciembre de 1997.

Ese día por la noche miembros del EPL y ELN incursionaron violentamente en el municipio de San Calixto (Norte de Santander). Durante cinco horas atacaron la estación de Policía, la oficina de Telecom, los campanarios de la iglesia, las instalaciones del Seminario y del Colegio.
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En medio de los intercambios de disparos entre el Ejército y el ElN, el personero municipal, José Estanislao Amaya Páez, recibió un disparo que acabó con su vida de manera inmediata.
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El alto tribunal consideró que se presentó una falla de las Fuerzas Armadas en sus funciones constitucionales para proteger la vida e integridad personal de los ciudadanos del municipio.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo consideró que no se puede determinar que la Fuerza Pública tuviera conocimiento previo alguno de la acción desplegada por el grupo armado insurgente.

Sin embargo, se encontró que el deceso del personero municipal “permite ser catalogado bajo las normas distintivas de la anormalidad y especialidad, aun cuanto desde una perspectiva causal no existe certidumbre si el hecho dañoso tuvo su génesis material en la acción desplegada por el grupo armado insurgente, lo que a la postre llevaría a plantear la existencia del hecho de un tercero”.

Para el tribual, existen pruebas documentales suficientes para inferir que la acción armada se dirigió contra las instalaciones de la Policía Nacional, entidad representativa del Estado colombiano en el municipio de San Calixto.