La entrega de tierras se realizó esta semana en la ciudad de Tunja, como parte del Plan 10.000 Zona Andina. La estrategia, liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ha destinado 40.000 millones de pesos para la formalización de la propiedad rural en Boyacá, Cundinamarca y Tolima.

Con esta adjudicación, campesinos de 33 municipios boyacenses, que ahora pueden decir con contundencia ¡esta tierra sí es mía!, se convierten en propietarios legales de los predios donde históricamente han cultivado papa, maíz, cebada, habas y otras legumbres y hortalizas. Este paso trascendental fortalece la soberanía alimentaria de la región y consolida su arraigo en el territorio.

Los beneficiarios provienen de los municipios de Tuta, Jenesano, Sativasur, Tibaná, Socotá, Cómbita, Tasco, Betéitiva, Socha, Chivatá, Paz de Río, Busbanzá, Corrales, Ventaquemada, Otanche, Ramiriquí, Samacá, Maripí, Caldas, entre otros.

La jornada también incluyó la entrega de 11 títulos a entidades de derecho público como instituciones educativas rurales y sistemas de abastecimiento de agua potable en los municipios de Santa Rosa de Viterbo y Boyacá, lo que beneficia a más de 1.100 usuarios.

“Lo que dijimos fue: cambiemos el viraje de la política pública. No tiene sentido que, a dos horas de Bogotá, haya índices de informalidad del 75 al 82%, no tienen el legítimo derecho a la propiedad. Entonces, cambiamos el viraje. No se trata de medirnos en hectáreas, sino en familias beneficiarias y hoy tenemos la tranquilidad y la certeza de que son más de 2.000 familias las que ya son propietarias de su tierra”, manifestó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

Con esta acción, ya son 6.882 títulos de propiedad rural que entrega el Gobierno nacional en Boyacá. El Plan 10.000 Zona Andina ha entregado un total de 11.337 títulos en ese departamento, Cundinamarca y Tolima.

El departamento de Boyacá se caracteriza por una alta fragmentación predial, con miles de pequeñas parcelas heredadas sin procesos jurídicos formales. Gran parte de los campesinos ha ocupado y trabajado sus tierras por generaciones sin acceso a registro oficial. Esta situación ha limitado históricamente el acceso a créditos agropecuarios, programas estatales, proyectos productivos y seguridad jurídica sobre la tierra.

“Para nosotros, es un orgullo muy grande, una satisfacción de que nos hayan cumplido con este tema de la legalización de predios. Es un ejercicio cumplido. Estoy muy contento por todo esto, por lo que hacen por nosotros como comunidad”, se mostró agradecido Godeardo Pineda, beneficiario.

Esta entrega, que representa la segunda más grande en la historia de Boyacá en materia de formalización rural, permitirá que las familias beneficiarias accedan a programas productivos del Gobierno nacional, créditos bancarios y asistencia técnica para fortalecer sus proyectos agropecuarios.

Al respecto, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dijo que la entrega de tierras tiene relación con la construcción de un departamento más justo.

“Aquí estamos cumpliéndole al campo. Porque la tierra es de quien la trabaja. Y en Boyacá vamos a seguir construyendo un departamento más justo, más equitativo y más digno, donde nuestros campesinos y campesinas tengan lo que siempre debieron tener: derechos, oportunidades y reconocimiento. Porque la Boyacá Grande es tierra propia para nuestra gente”, aseveró.

La ANT indicó que el proceso fue posible gracias a los barridos prediales (levantamiento de información física, jurídica y social para ordenar la propiedad rural) realizados durante más de un año y medio por equipos técnicos, jurídicos y topográficos de la entidad, con el acompañamiento de la Gobernación de Boyacá.

Todas estas acciones conjuntas permiten seguir favoreciendo al campesinado colombiano. Porque la formalización de la pequeña propiedad rural y la reducción de la informalidad en la tenencia de la tierra también son Reforma Agraria, la misma que ha promovido con decisión el Gobierno del presidente Gustavo Petro.