Una comisión de fiscales de Bolivia, Brasil y Colombia investigará desde el miércoles el accidente del avión Lamia, con 71 muertos, entre ellos jugadores de fútbol del brasileño Chapacoense, registrado en Medellín.

La comisión de seis fiscales efectuará un «trabajo conjunto, coordinado (…) para llegar a la verdad histórica de los hechos, los antecedentes y el hecho mismo del accidente aéreo», declaró el fiscal general boliviano, Ramiro Guerrero.

La fiscalía boliviana ya inició en Santa Cruz (este del país) diligencias judiciales a distintos organismos «para luego tomar declaraciones».

Un grupo de fiscales allanó hacia el mediodía la oficina de AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea) que ocupaba la funcionaria Celia Castedo, quien supuestamente hizo observaciones al vuelo siniestrado de Lamia y que buscó refugio en Brasil. Castedo es la única procesada por la salida irregular de la aeronave.

Las oficinas de Lamia fueron también allanadas en similar operación en Santa Cruz.

El gobierno boliviano encontró indicios de irregularidades en el funcionamiento y operaciones del avión Lamia, según el ministro de Obras Públicas y Servicios, Milton Claros. Como primera medida destituyó a altos funcionarios aeronáuticos y abrió querella contra la técnico Castedo, que dio luz verde al vuelo.

Una de las principales hipótesis que se maneja es que el avión se precipitó a tierra porque se quedó sin combustible a poco de llegar al aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín.

Lamia dijo en Bolivia que la nave, un BA-146 modelo RJ85, debió haberse reabastecido de combustible en el poblado boliviano de Cobija, en el extremo norte del país, para continuar su ruta hacia Colombia.