Foto: UNP

La denuncia la hizo este miércoles Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, quien reveló que la entidad habría perdido al menos $2.700 millones debido a dos casos de falsas denuncias de personas protegidas.

Dijo que se trata de Pablo Andrés Álvarez, exdiputado del Caquetá, que en 2016 denunció un supuesto atentado en contra suya. Con ello, la UNP envió la información a la Fiscalía, con lo que se determinó que se trataba de un ‘autoatentado’ con el fin de mantener su esquema de seguridad.

Por otra parte, también anunció el caso de Martha Elena Díaz Ospina, defensora de Derechos Humanos en Barranquilla, quien había denunciado que su camioneta fue baleada. Las autoridades constataron que sus propios escoltas habrían hecho esto.

Mora dijo que: Este hecho “supera los $1.200 millones, ya que al parecer la Fiscalía pudo establecer de que no solo se trató del atentado que denunció en noviembre, sino que las amenazas y otra serie de hechos que había venido denunciando desde 2013 correspondían a falsedades y en el caso del ex diputado se tiene un valor aproximado de $1.700 millones».

Y agregó que en estos casos la Unidad de Protección se convierte en víctima, debido al detrimento patrimonial de la entidad y de la Nación.

Mora hizo un llamado a los protegidos para no hacer falsas denuncias, porque las autoridades están realizando investigaciones muy detalladas para determinar la verdad.

Dijo que los dos protegidos deberán comparecer ante la justicia por los delitos de fraude procesal y falsa denuncia y recalcó que la Unidad Nacional de Protección tiene más de 6 mil protegidos en todo el país.