–Un proyecto de acto legislativo mediante el cual se pretende reglamentar la Justicia Especial de Paz, creada en el acuerdo del fin del conflicto con las Farc, fue radicado en el Senado de la República por los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo y de Justicia encargado, Fabián Marín Cortés.

La iniciativa que será tramitada a través de la vía Fast Track, establece que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estará sujeta a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, y administrará justicia de manera transitoria. Además, conocerá preferentemente las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”. En estos procesos se tendrá como eje central el derecho a las víctimas.

El proyecto establece consagra que para acceder al tratamiento especial previsto en la JEP es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición, compromisos adquiridos en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Serán las mismas normas procesales de este sistema las que regulen la gradualidad de las consecuencias del incumplimiento de cualquiera de las partes, teniendo en cuenta que pueden dar lugar a perder el tratamiento especial de justicia y sus beneficios. En el caso de las Farc, su participación estará sujeta a la dejación de armas.

Así mismo, y dentro del compromiso por el respeto de los Derechos Humanos y el DIH, el proyecto establece que el Estado debe garantizar la no repetición de los delitos cometidos respecto a la Unión Patriótica, también la inclusión de minorías y la consulta a los pueblos indígenas.

Sobre su entrada en funcionamiento, el proyecto de ley indica que las Salas del Tribunal de JEP y la Unidad de Investigación y Acusación deberán comenzar a operar en los tres meses siguientes a la posesión de los magistrados designados por el Comité de Escogencia para estos cargos.

No obstante, estos organismos operarán por los próximos 10 años contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de Salas y Secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz y tendrán un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad jurisdiccional.

Finalmente, el proyecto establece reglas claras sobre aplicación de indultos, amnistías, y los mecanismos que incluyen el denominado tratamiento penal especial diferenciado para agentes del Estado.

Con la radicación de este proyecto de ley, el Estado Colombiano sigue cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo Final de Paz, celebrado el pasado 24 de noviembre de 2016. Aún falta la designación de los ponentes en las Comisiones Primeras (Senado y Cámara) para iniciar el debate.