La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró su preocupación “por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de derechos humanos”.

Para la ONU, es irrespetuoso que el Congreso de la República haya impedido la posesión de magistrados de la JEP y peligroso que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, justifique los asesinatos.

“Miembros del Congreso de la República descalificaron a los y las defensoras que fueron escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, impidiéndoles posesionarse de sus cargos por el hecho de haber representado víctimas en el pasado, lo que muestra el irrespeto a su labor y profundo desconocimiento de lo que significan las reglas del Estado de Derecho ”, indicó la ONU.

En lo recorrido del año, se han registrado 105 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales.

«Van 73 asesinatos contra líderes y líderesas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Además, la Oficina tiene otros 11 casos más en proceso de verificación”, informa la ONU.

Según con la ONU, los asesinatos de líderes y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las Farc, “y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada; y por ejercer labores de defensa de los derechos humanos”.

A lo anterior, agregó: “ser defensor o defensora de derechos humanos es una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y la construcción de una paz sostenible”.

Por último, la ONU señala que la prevención de los ataques y agresiones en contra de los defensores de derechos humanos “implica la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; al igual que el país avance de manera decidida en la inclusión política, económica y social de los defensores y las comunidades y pobladores de estos territorios, promoviendo un enfoque integral de intervención, con respeto de todos los derechos”.