Con el fin de que la ciudadanía tenga un mayor conocimiento sobre este apartado, el Plan contempla establecer cargas razonables de trabajo para los despachos judiciales, garantizar la protección de nuevas formas de empleo y procurar una mayor difusión de las reglas del sistema de seguridad social y de las sentencias emitidas por los jueces y las altas cortes.

Ambientar las condiciones para atender las demandas de la justicia laboral de forma pronta y efectiva es el objetivo central de uno de los 18 componentes del Plan Decenal de Justicia (PDJ) 2017-2017.

Es por ello que esta hoja de ruta, formulada para modernizar la administración de justicia, trabaja para instar a las autoridades del sistema de seguridad social a dar respuesta de manera oportuna a los usuarios de los servicios de salud, pensiones y aseguradoras de riesgos.

Para generar mayor efectividad en este apartado, el Sector Justicia también suma esfuerzos con el fin de mejorar la atención en conflictos jurídicos relacionados con contratos de trabajo, controversias en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado y otros.

Así las cosas, con el fin de alcanzar dichas metas se plantean acciones como:

· Establecimiento de cargas razonables para los despachos judiciales.

· Garantía y protección de nuevas formas de empleo.

· Mayor difusión de las reglas del sistema de seguridad social y de las sentencias emitidas por jueces y altas cortes para mayor conocimiento ciudadano de la justicia laboral.

· Identificación de las entidades del sistema de seguridad social que presentan mayor número de demandas ante jueces y magistrados de la especialidad laboral para ajustar la oferta y robustecer los roles y responsabilidades de cada autoridad en el ámbito nacional y territorial.

El PDJ no es solo un conjunto de lineamientos aplicables, sino un esfuerzo por establecer de manera participativa una verdadera política de Estado en materia de justicia que refleje unos acuerdos básicos, una visión compartida y una definición de asuntos prioritarios para todos los actores del sistema. Dichos acuerdos deben ir acompañados por instrumentos de ejecución plenamente definidos y por una previsión de resultados y herramientas que permitan su sostenibilidad.

Cabe recordar que el Ministerio de Justicia y del Derecho ejerce la Secretaría Técnica del Comité Directivo y de los Comités técnicos del Plan, conformados por entidades que participaron en la formulación del mismo para coordinar y apoyar su seguimiento e implementación.