Se cocina una vagabundería

junio 29, 2018 11:22 am

Por: Mauricio Botero Caicedo
De acuerdo a recientes informes de prensa, “Si las reclamaciones de los beneficiarios de las llamadas megapensiones llegaran a prosperar dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), al país esto le significaría un sobrecosto cercano a los 50 billones de pesos en las próximas dos décadas.

El SIDH, que depende de la OEA, está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justamente a la primera de estas instancias han llegado cuatro peticiones: a nombre del exmagistrado de la Corte Suprema Fernando Vásquez Botero “y otros”; de los extitulares del Consejo de Estado Ana Margarita Olaya Ferro y Jesús María Lemos Bustamante; de la exmagistrada del Consejo de Estado Bertha Lucía Ramírez Páez y la de la también ex magistrada de la Corte Suprema María del Rosario González Muñoz, de acuerdo con listados que reposan en la Agencia de Defensa del Estado. Vale recordar que estas acciones fueron instauradas entre los años 2013 y 2015, luego de que la Corte Constitucional fijó a través de la sentencia C-258 del 2013 el tope máximo de 25 salarios mínimos mensuales (poco más de 19 millones de pesos de hoy) para las mesadas que pueden recibir los jubilados en Colombia. En la actualidad en el país hay solo 1.032 jubilados y pensionados que cuentan con esa gabela, de los cuales unos 600 pertenecen al Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonpecon) y el resto corresponde, sobre todo, a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) así como a Colpensiones. Es decir que en buena parte son congresistas, magistrados y altos funcionarios del Gobierno. Algunos incluso han logrado la pensión valiéndose del régimen especial que les da el derecho a pensionarse con un cortos periodos de pasantía por estos cargos, sin importar que hayan cotizado un mínimo de semanas.” En otras palabras lo que se está cocinando por parte de una recua de avivatos es una gigantesca trampa al Estado en la que posiblemente enganchen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para esquilmar a los contribuyentes colombianos.

La Agencia de Defensa del Estado que preside el competente Luis Guillermo Vélez debe interponer todos, absolutamente todos los recursos para impedir que se lleve adelante este expolio. Si este es el trato que nos va a dar la Organización de Estados Americanos a través de su agencias, es buena hora que vayamos repensando el salirnos de tan absurda institución que en vez de defender a los humildes lo que trata es de mantenerle los privilegios a los avivatos.

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